El acontecer político sigue enfocándose en la disputa entre correísmo y noboísmo. 

En la mitad está la amplísima mayoría de ecuatorianos, aquella que en abril de 2025 decidió entre los entonces candidatos Daniel Noboa y Luisa González.

Como lo sostienen analistas y la realidad cotidiana, Noboa ganó no tanto por su trayectoria, que no la tuvo; ni por su plan de gobierno, que pocos o nadie los lee; acaso por sus ofertas, aquellas que al pueblo le gusta oír; o, simplemente, para que no vuelva Rafael Correa. 

Por consiguiente, esa polarización ha acaparado el devenir del país.

Hay acciones y decisiones del gobierno siempre enfocadas en destruir a su aparente rival político, incluyendo aquellas relacionadas con la seguridad. Y, precisamente, por estar contaminadas con aquel tufo, su credibilidad y beneficio siempre está en duda.

El contraataque correísta es el esperado, sobre todo desde la Asamblea Nacional y desde algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados bajo su control. Son los más fuertes y decisivos en tiempos de elecciones, como los que se avecinan.

Un ejemplo más contundente de esa “disputa a muerte” es el polémico proyecto de ley con el cual busca reformarse el COOTAD para obligar a los GAD a que de sus presupuestos inviertan el 70 % en obras y el 30 % en gastos corrientes.

Lo que debería ser un debate abierto y franco, también ha caído en ese remolino dual, con ventiladores incluido para decirse de todo, mientras el grueso de la población no logra digerir cuál mismo tiene la razón.

Cuanto ocurre con la Justicia es similar. Si antes el correísmo la cooptó, el noboísmo parece ir en la misma dirección. Todo cambia para que nada cambie.

Mientras los problemas nacionales se ventilen entre esas dos “tenazas” nada bueno se espera. 

Ese par de “ismos” deben entender que la mayoría de ecuatorianos no pertenece ni al uno ni al otro, pero está harta de sus enfrentamientos que rebasan la racional lucha política.