Un grupo de agentes de la Policía Nacional se presentó ayer en los exteriores de la sede del movimiento Revolución Ciudadana (RC), ubicada en el norte de Quito. Golpearon insistentemente la puerta y, al no obtener respuesta, rompieron los candados para ejecutar el allanamiento.
El momento fue captado por una cámara. En el video se observa a una trabajadora del edificio mientras revisa la orden judicial. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y el expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en difundirlas.
El allanamiento evidenció el avance de la investigación del caso denominado Caja Chica, que horas después fue confirmado por la Fiscalía a través de sus redes sociales.
Qué es el caso Caja Chica
El caso Caja Chica involucra a dos excandidatos presidenciales: Luisa González y Andrés Arauz. Según la Fiscalía, la campaña de 2023 habría sido financiada con dinero en efectivo proveniente de Venezuela. La Fiscalía investiga posibles delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, debido al presunto ingreso de dinero ilícito.
El 27 de enero, el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, notificó a los miembros del movimiento correísta sobre el inicio de la investigación previa por la presunta comisión de este delito.
Correa escribió: “Unos 15 policías están allanando la sede de RC5 en Quito”. La presidenta de RC, Gabriela Rivadeneira, también rechazó el allanamiento y expresó en la red social X: “Despliegue de operativos y recursos policiales para continuar hostigando a una fuerza política”.
Reacciones a la intervención
Varios asambleístas y dirigentes de RC se pronunciaron en contra del allanamiento. “El allanamiento a nuestra sede no es un procedimiento aislado; es parte de una estrategia peligrosa para silenciar a la oposición y distorsionar la democracia antes de las elecciones”, señalaron en un comunicado.
En el marco de esta investigación ya se han realizado allanamientos a las viviendas de la excandidata presidencial Luisa González (2023), del asambleísta por Pichincha Patricio Chávez y de la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, entre otros.
Además de González, Chávez y Manssur, el caso involucra a otros personajes, según consta en el expediente de la Fiscalía: Correa; el excandidato Andrés Arauz; los exministros de Economía del correísmo Patricio Rivera y Fausto Herrera; y la abogada en libre ejercicio Bibian Hernández.
Proceso legal y fuero de Corte
Uno de los señalados, el asambleísta Patricio Chávez, goza de fuero de Corte debido a su calidad de legislador. Esto implica que, para que pueda ser procesado, se requerirá que el pleno de la Asamblea Nacional levante su inmunidad parlamentaria.
Los líderes del correísmo y otros implicados en la investigación han denunciado que se trata de una persecución política con el apoyo de la Fiscalía. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que presentará las pruebas pertinentes.
El COIP sobre delincuencia organizada
Según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la delincuencia organizada se configura cuando una persona, mediante acuerdo o concertación, forma un grupo estructurado de tres o más personas que financian, ejercen el mando o planifican actividades de una organización delictiva.
El artículo establece que la pena privativa de libertad será de 26 a 30 años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos graves, como tráfico ilícito de sustancias, terrorismo, trata de personas, secuestro, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros.
Se espera que mañana los representantes de Revolución Ciudadana se reúnan para analizar los posibles pasos legales a seguir, según informó Ricardo Patiño en los exteriores de la sede, después del allanamiento.
El aporte de Santiago Díaz
En la investigación sobre el supuesto financiamiento de RC desde Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se sumó una nueva versión: la de Santiago Díaz Asque, asambleísta suspendido y procesado por presunta violación a una menor de edad.
Díaz, el 30 de enero, admitió haber trasladado dinero desde Venezuela hacia Ecuador por disposición de Correa, después de rendir versión ante la Fiscalía.
Díaz, quien fue jefe de campaña y responsable económico en uno de los procesos electorales, declaró: “He venido a dar la versión sobre el caso Caja Chica porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé dinero desde Venezuela a Ecuador por disposición del presidente Correa”.
La Fiscalía detalló que se recabaron documentos relacionados con los hechos investigados, así como otros objetos de interés, como teléfonos celulares, pasaportes y memorias USB, entre otros.
Hasta el momento, ninguno de los investigados ha sido detenido ni vinculado formalmente al caso. La Fiscalía no ha proporcionado más detalles sobre el proceso posterior a los allanamientos. (I)
