Ante el auge incontrolable del crimen organizado transnacional, el gobierno en estos últimos tiempos ha decretado muchos días de estado de emergencia, para controlar a los grupos narco delictivos en base a políticas de seguridad integral, fortaleciendo la inteligencia militar y policial, utilizando tecnología moderna, buscando además la cooperación internacional, obviamente tratando de no poner en riesgo la soberanía nacional. Notamos que es una lucha titánica y desigual, ya que, a parte del poder logístico y económico, estas bandas criminales se han diversificado a múltiples actividades como la minería ilegal, el sicariato y la extorsión; cambiando rápidamente sus alianzas y actividades, lo cual complica las estrategias de control. Los resultados de esta lucha no son del todo satisfactorios, en el año 2024 hubo una reducción del 14.7% en cuanto a homicidios, pero el 2025 se cerró con más de 9000 homicidios, convirtiéndose en el año más violento, a pesar de las grandes cantidades de droga incautadas, del supuesto control carcelario y de las significativas capturas de capos y “muñecas” de la mafia. Sabemos que los tentáculos de esta guerra interna entre bandas criminales, se encuentra sobre todo a nivel de la costa, pero lamentablemente ya no es un secreto que se están expandiendo a todo el país. Reconocemos el esfuerzo y los ingentes gastos que  invierte el gobierno nacional para frenar esta lacra social, pero estamos conscientes y convencidos que existen grandes limitantes que son la base fundamental para ir desterrando estas redes y estructuras criminales a largo plazo; por ejemplo, como medidas preventivas se debe procurar que los niños y jóvenes tengan derecho total a la educación y así evitar que ingresen desde infantes a formar parte de bandas delictivas; además de una serie de iniciativas integrales en áreas económicas, educativas y sociales, para incentivar a aquellos adolescentes que están en situación de riesgo. Algo muy importante es la depuración de malos servidores públicos en la policía y el ejército nacional; ni se diga a nivel político y judicial, llámense asambleístas, jueces, fiscales y abogados corruptos, que están complotados para que las redes criminales manipulen y manejen a su antojo los procesos judiciales. Ojalá estas observaciones de buena fe, puedan ser entendidas y atendidas, para que nuestro país en un tiempo prudencial pueda llegar a una verdadera transformación social y estructural. (O)