El Gobierno Nacional debe tomarse en serio el asesinato de Mónica Silva, la activista anticorrupción, cuyas denuncias, que incluyen los abusos de poder, la pusieron en el radar del crimen.

Cuando ocurren crímenes como el perpetrado contra la ciudadana polaca-ecuatoriana, resulta fastidioso que altos representantes del Gobierno, sin que siquiera comiencen las investigaciones, salgan a decir que ella se suicidó.

La Fiscalía, en este caso en particular, está obligada a investigar a fondo, utilizando todos sus recursos humanos y técnicos. Si es posible, pidiendo apoyo a organismos internacionales para conocer la verdad.

No es posible que luchadores sociales, activistas políticos, y todos aquellos que, como es el caso de Silva, ponen sus vidas en riesgo, sean asesinados. 

Sobre todo, que los crímenes naufraguen en indagaciones superficiales, en procesos judiciales sin final, amañados, envueltos en la telaraña de una Justicia que deja mucho que desear. En conclusión, impunes.

Vale preguntar, en qué quedaron las denuncias que, sobre corrupción, en especial del tráfico de tierras en la provincia de Santa Elena, hizo la infortunada mujer.

No se pierda de vista que, en esa misma jurisdicción y por denuncias similares, meses atrás fue asesinado un periodista.

La teoría del suicido se cayó por sí sola, con mayor razón tras la exigencia de la Unión Europea para que se investigue; igual, por el arribo al país y con similar pedido, de la cónsul de Polonia, con sede en Lima. 

No deja ser indignante que el autor de esa teoría no se haya comedido en ofrecer disculpas públicas, y asumir el compromiso de esclarecer tan repudiable asesinato.

Las personas que, como Mónica Silva; en su tiempo, Fernando Villavicencio, también asesinado, luchan contra la corrupción deben ser protegidas por el Estado, tramitadas e investigadas sus denuncias; y darles seguridad policial si sus vidas corren peligro.