Tras una serie de bloqueos por parte de la bancada oficialista, el 26 de junio del 2026 finalmente el pedido de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, pasó el filtro de la Comisión de Fiscalización, que tendrá un mes para aprobar un informe en el que recomiende o no la censura de la exfuncionaria.
Aprovechando la mayoría que tiene junto a sus aliados en la Comisión de Fiscalización y Control Político, el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) había logrado detener en esta instancia cualquier intento de procesamiento en contra de Manzano, pero, esta vez lo permitió.
Con 10 votos a favor, de los 10 asambleístas presentes, la Revolución Ciudadana (RC) y el oficialismo se unieron para aprobar una moción en la que se propuso avocar conocimiento y calificar el juicio político en contra de la exministra, la cual fue aprobada.
La RC acusa a Inés Manzano de un presunto incumplimiento de funciones durante su gestión, principalmente en relación con las acciones ejecutadas para afrontar la crisis energética que vivió el país en 2024.
Una decisión anticipada
El 24 de junio del 2026, cuando Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, presentó una demanda en la Fiscalía para que se investigue la ruta del dinero en el caso Progen, anticipó que esta vez su bancada estaba dispuesta a permitir el enjuiciamiento político de Inés Manzano.
“Las responsabilidades políticas se discuten en la Asamblea Nacional, a propósito de un nuevo juicio político que se ha presentado, la Asamblea va a proceder respecto de ese juicio”, anticipó Torres.
En una entrevista televisiva el asambleísta incluso señaló que la propia exministra quiere ser citada a la Asamblea Nacional, para defenderse, pese a que cuando era funcionaria evadía las convocatorias.
La tercera es la vencida
El correísmo ha intentado sentar en el banquillo de los acusados a Inés Manzano por tres casos diferentes, el primero, por el intento de adjudicación del campo petrolero Sacha; el pedido de juicio político se anunció en marzo del 2025, pero, con el cambio de autoridades en la Asamblea y con la pérdida del poder de la RC, no progresó.
Posteriormente, han existido al menos tres intentos fallidos para que Manzano sea investigada por su responsabilidad política en el caso Progen, que le significó al país una pérdida de 104 millones de dólares.
En dos ocasiones el proceso fue rechazado por la bancada oficialista, alegando una presentación irregular de las firmas digitales; para evitar un nuevo error, la RC ingresó su pedido con rúbricas físicas, pasó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero, se quedó en la Comisión de Fiscalización, donde ADN y sus aliados votaron en abstención.
Finalmente, el correísmo logró su objetivo, que Manzano sea enjuiciada políticamente, esta vez por un tercer caso: las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM); a este investigación se sumará el caso Progen.
Los proponentes del juicio son tres asambleístas de la RC: Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, a quien en la sesión de la Comisión de Fiscalización se les negó el pedido de intervención para argumentar su solicitud; el presidente de la mesa legislativa, Ferdinand Álvarez, dispuso que se vote directamente.
“Esta comisión no trabaja en base a chismes, a cuentos, no trabaja bajo presión, ni relatos falsos. Esta comisión trabaja con pruebas y en base a esas pruebas se va a actuar”, afirmó Álvarez.
¿Qué se investiga en el caso ATM?
Inés Manzano enfrentará el juicio político por supuesto incumplimiento de funciones, en relación con las acciones ejecutadas para afrontar la crisis energética que vivió el país en 2024, específicamente los casos Progen y ATM.
Desde la bancada de la RC se recalcó que los dos casos, aunque muestran un comportamiento similar de la exfuncionaria, son independientes.
“ATM no es Progen, son los mismos actores, es el mismo nivel de desfalco, pero las empresas son otras, los contratos son otros y el perjuicio al Estado es de más de 80 millones de dólares”, recalcó el correísmo.
Efectivamente, los dos casos se parecen, en los dos se realizó la compra de generadores usados, que se les hizo pasar por nuevos, además, se pagaron anticipos millonarios que el país no ha podido recuperar, pero, el un contrato fue con la empresa estadounidense Progen y el otro con la uruguaya Austral Technical Management (ATM).
