Con seis votos a favor, provenientes de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y de Pachakutik, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe en el que se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político contra la exministra Inés Manzano.
Según el argumento del informe, los proponentes del juicio político contra la exfuncionaria no lograron probar la responsabilidad de Manzano en la concreción del contrato, ni en el pago efectuado a la empresa Austral Technical Management (ATM), que le significó al país una pérdida de 53 millones de dólares.
«Al no haberse demostrado el incumplimiento de funciones constitucionales o legales imputado a la abogada Inés María Manzano Díaz, el proceso de enjuiciamiento político adolece de una absoluta falta de méritos e insuficiencia probatoria de cargo», se puntualizó en la conclusión del informe.
La asambleísta Ana Belén Tapia (ADN) acusó a los proponentes del juicio Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, todos de la Revolución Ciudadana, de presentar un juicio político con falencias y sin pruebas, lo cual desencadenó en el informe de archivo.
“Quiero decirles a los 18 millones de ecuatorianos que la solicitud del juicio político presentada por los asambleístas de la Revolución Ciudadana es una vergüenza. No tiene rigor técnico jurídico, no han presentado pruebas, no han logrado, de ninguna manera, demostrar lo que han querido generar”, señaló Tapia.
Desde la RC, la asambleísta Janeth Bustos recalcó que, a diferencia de lo argumentado por los legisladores de ADN, desde el correísmo consideran que, tomando en cuenta que el pago a ATM se concretó un día después de que Manzano asumió el cargo, la exministra es responsable política del pago millonario.
“Un día después de asumir el cargo le pagó 53 millones de dólares a una empresa con 260 dólares de capital, luego se firmó la adenda que aceleró los desembolsos, además, en mayo del 2025 se supo que los generadores no servían para el sistema eléctrico y un audio revela cómo la ministra limitó la fiscalización, en coordinación con otra asambleísta”, recapituló Bustos.
Cabe recalzar que, aunque la Comisión de Fiscalización haya recomendado el archivo del proceso, la decisión final está en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se requieren 101 votos para censurar a Manzano, cantidad que el correísmo, proponente del juicio, no posee.
