La Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE), de la Policía Nacional, ha multiplicado su trabajo. En lo que va de este año, la unidad ha dado un golpe estructural a la economía del crimen organizado en Ecuador.

Mediante el despliegue de operativos tácticos y estrategias de inteligencia, la unidad especializada evitó que 35,5 millones de dólares ingresaran a las arcas de bandas criminales dedicadas al secuestro y la extorsión durante los ocho meses de este año.

Según las cifras de la Policía, el monto total neutralizado por las fuerzas del orden se divide en dos rubros principales.

Por un lado, 27,9 millones corresponden a exigencias económicas para la liberación de ciudadanos secuestrados, mientras que 7,6 millones estaban destinados a cobros extorsivos dirigidos a comerciantes y propietarios de negocios en distintas provincias.

Gracias al trabajo de los equipos de negociación y contención táctica, las unidades policiales lograron salvaguardar el 98,3 % del dinero que los delincuentes pretendían arrebatar a las víctimas y sus familias.

Esta contención financiera impidió que los grupos de delincuencia organizada fortalecieran sus capacidades logísticas y operativas en el país.

Intervenciones de UNASE

El balance de gestión refleja la ejecución de 981 operativos coordinados a escala nacional para combatir estos delitos. Mario Pazmiño, experto en seguridad, advierte que el aumento de casos demuestra cómo los grupos criminales apuntan a otras actividades delictivas que atentan contra la vida.

Las intervenciones permitieron la liberación con vida de 290 personas que permanecían privadas de su libertad en centros de cautiverio clandestinos. Los operativos policiales también derivaron en la aprehensión de 2 083 personas presuntamente vinculadas a redes extorsivas y bandas dedicadas al secuestro. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el inicio de los procesos correspondientes.

Durante los allanamientos y procedimientos de flagrancia, las fuerzas de seguridad redujeron la capacidad de fuego de estas agrupaciones. En total, se incautaron 155 armas de fuego de diversos calibres y más de 5 800 municiones utilizadas para intimidar a la ciudadanía.

El rastreo de las comunicaciones delictivas permitió decomisar 2 374 teléfonos celulares empleados para realizar llamadas amenazantes y dirigir cobros desde el exterior o centros carcelarios. Asimismo, los agentes recuperaron USD 101 858 en efectivo durante los registros e intervenciones territoriales.

Activación de operativos

Estrategias como los operativos Fénix y Libertad se consolidaron como ejes para neutralizar a las células delictivas más peligrosas. Estas acciones, articuladas entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, facilitaron la desarticulación paulatina de la logística criminal en zonas prioritarias.

Los mandos institucionales destacaron que reducir los ingresos económicos del crimen organizado resulta vital para desactivar la espiral de violencia. Impedir el flujo de efectivo evita que las estructuras delictivas financien el tráfico de armas, la adquisición de vehículos y el control de territorios. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a no ceder ante las presiones psicológicas ni realizar pagos ante amenazas extorsivas.

Para canalizar denuncias de manera confidencial y activar los protocolos de rescate, las autoridades mantienen habilitadas la línea de emergencia 911 y el servicio 1800-DELITO (opción 3).

Seguimiento de casos

Una de las preocupaciones de las organizaciones sociales y de especialistas en seguridad es el seguimiento y la protección de las víctimas de secuestro. Existen casos judiciales en los que las víctimas han preferido no continuar con los procesos debido a los riesgos que enfrentan.

Hay decenas de casos en los que los grupos delincuenciales también han amedrentado a familiares de las víctimas para que los expedientes judiciales sean archivados después de las intervenciones policiales. Organizaciones de personas afectadas por secuestros también lamentan que, después de pocas semanas, los casos sean olvidados y las víctimas no reciban seguimiento ni apoyo psicológico.

En los casos de extorsión también existen personas afectadas que han tenido que cerrar sus negocios debido a las intimidaciones que reciben incluso después de retomar sus actividades con normalidad. La UNASE ha intensificado sus operativos contra el secuestro y la extorsión durante los ocho meses de este año. (I)