A través de una acción acceso a la información pública, organizaciones indígenas y ecologistas buscan que el Gobierno publique el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Canadá el 24 de julio pasado.

El 26 de agosto del 2026, en la Unidad de Garantías Penales de Quito, se debía realizar la audiencia de garantías jurisdiccionales, pero, la jueza Karol Zambrano suspendió la diligencia e informó sobre su decisión casi a la medianoche del día anterior.

El exprefecto del Azuay, Yaku Pérez, es el accionante del pedido de acceso a la información pública y aseguró que desde hace más de un mes que se firmó el TLC las autoridades se han negado a hacer público el documento íntegro, lo cual puede ser una causal para que la Corte Constitucional niegue su vigencia, cuando sea consultada sobre el tema.

“Cuando el Gobierno presente el TLC en la Corte Constitucional presentaremos nuestra protesta, para que la Corte no emita dictamen favorable, por que no nos han dado información, ni tampoco se nos ha consultado, ni a las comunidades indígenas, ni a las organizaciones ecologistas”, afirmó Pérez.

Por su parte Lauro Sigcha, presidente de la Federación Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, calificó al aplazamiento de la audiencia como una “burla de la justicia”, que está “vendida al Gobierno”, el que pretende ocultar el documento que se firmó con Canadá.

“Ese documento, sin duda, oculta muchísimo, porque Canadá es uno de los países cuyas empresas están muy interesadas en la minería; también quieren contaminar los suelos con sus insumos, como el pueblo se opone, entonces ahí están planteando arbitrajes internacionales afuera para que decidan”, afirmó Sigcha.