El funcionamiento de plataformas digitales de servicio de transporte de pasajeros y la revisión de las tarifas de taxi figuran entre los principales retos que deberá afrontar el próximo Alcalde de Cuenca.
El gremio de taxis pide regular el uso de aplicaciones como Uber, InDriver, Didi y Cabify, entre otras, para impedir que vehículos no autorizados presten esta actividad, además de revisar los valores vigentes de las carreras.
Actualmente, la Empresa de Movilidad (EMOV EP), del Municipio de Cuenca, hace controles a conductores de automotores particulares que cobran por transportar pasajeros, pero no tienen autorización para hacerlo.
A estos infractores, la EMOV EP los sanciona según el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), porque hacen transporte de pasajeros sin contar con el título habilitante correspondiente.
La sanción contempla el pago de una multa de dos Salarios Básicos Unificados (SBU) (940 dólares), la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y la retención del vehículo por un mínimo de siete días.
Quienes prestan servicio mediante estas aplicaciones rechazan los operativos en Cuenca y las sanciones, con base en una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) y con el argumento de que no hay una regulación clara.
Aducen que estas plataformas digitales no cuentan con un marco legal o una vía administrativa que les permita regularizarse u obtener un título habilitante específico.
Estas aplicaciones ya funcionan en ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Ambato, Machala, Santo Domingo e Ibarra. Uber está en Cuenca, pero con ciertas limitaciones.
Respecto a los taxis convencionales, que son unos 3.600 en esta ciudad, distribuidos en unas 90 operadoras y cooperativas, insisten en que deben revisarse las tarifas, que no han sido actualizadas desde 2014.
La tarifa vigente contempla un arranque de 0,55 dólares y carreras mínimas de 1,39 en el día y 1,67 en la noche. Además, se definió que el kilómetro (km) cuesta 0,29 y 0,39 dólares, respectivamente.
Tarifas
Patricio Padilla, presidente de la Asociación Frente Unido de Taxistas (AFUT), considera que revisar la tarifa es un acto de justicia, tras 12 años sin cambios. Sin embargo, descarta un alza arbitraria.
Padilla sostiene que la revisión debe partir de estudios técnicos que determinen cómo variaron los costos de operación y permitan establecer un valor que garantice el servicio sin afectar al usuario.
El dirigente plantea que esos estudios sean hechos por la academia, de forma independiente del municipio y del gremio. También propone una veeduría ciudadana para transparentar el proceso y garantizar su sustento jurídico.
Sobre las plataformas, Padilla refiere que los vehículos particulares que ofrecen transporte mediante estas aplicaciones continúan en la informalidad. A su criterio, la normativa exige un título habilitante.
El presidente de la AFUT afirma que la CCE exhortó a la Asamblea Nacional a normar este servicio, pero advierte que también ratificó que las plataformas deben operar con vehículos autorizados.
Economía
Juan Bustillos, expresidente de la Federación de Barrios de Cuenca (FBC) e integrante de la comisión que revisó las tarifas en 2013, considera que debe analizarse un incremento porque los costos han subido en los últimos años.
Sin embargo, Bustillos pide considerar la situación económica de los usuarios. Señala que los ingresos de las familias no han crecido al mismo ritmo y que el taxi puede ser un servicio complementario.
Por ello, plantea que cualquier ajuste sea moderado y tome en cuenta la capacidad de pago. A su criterio, una tarifa elevada podría reducir el uso del servicio y afectar a usuarios y taxistas de la ciudad.
También reclama mejoras en la calidad del servicio y controles sobre los taxímetros. Afirma que han recibido denuncias sobre posibles alteraciones y pide que la EMOV EP refuerce sus controles.
Bustillos cree que debe analizarse un aumento de unidades, porque Cuenca ha crecido, la ciudad se ha expandido y hay momentos, especialmente en horas pico, en los que la oferta resulta insuficiente.
Sobre Uber y Cabify, dice que no se opone a su ingreso si la ley lo permite. Considera que una mayor oferta genera competencia y puede impulsar al taxismo a mejorar la calidad del servicio.
El exdirigente destaca que las plataformas permiten conocer la unidad, la hora de llegada y el valor del viaje. También considera que el municipio debe cumplir la ley y complementar la regulación local.
Plataformas
A criterio de Iván Abril, concejal de Cuenca, es conveniente permitir estas plataformas. Señala que facilitan la movilidad, especialmente para turistas extranjeros, y amplían las opciones disponibles para los usuarios.
Abril considera que la regulación debe comenzar en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y luego adaptarse a Cuenca mediante estudios técnicos. Propone analizar la cantidad de operadores para evitar la saturación.
El concejal plantea que la Universidad de Cuenca podría hacer ese estudio, por su carácter académico e imparcial. También advierte que la congestión aumenta y se necesita equilibrio entre oferta y movilidad.
Respecto a las tarifas, Abril reconoce que los taxis requieren una revisión después de 12 años. Señala que el próximo concejo cantonal y el alcalde deberán decidir entre incrementar el valor o aplicar algún apoyo.
Abril diferencia este caso del transporte urbano, porque considera que el taxi es utilizado por personas con mayor capacidad de pago. Añade que el transporte rural también enfrenta una falta de ajustes locales.
Así, el próximo alcalde y el concejo deberán definir una política que equilibre la movilidad, la competencia y la capacidad de pago de los usuarios. La regulación de las plataformas y la revisión de las tarifas marcarán ese desafío.
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