Es normal que decisiones que se toman en cualquier ámbito de la vida, en particular aquellas en el sector público, tengan opositores, lo que no es normal ni está bien, es que, los decisores no tengan argumentos que respalden sus medidas, que recurran a simplezas o símiles absurdos que en lugar de aclarar confunden.

Me refiero a la decisión del Consejo de la Judicatura de eliminar la Unidad Especializada de Jueces Anticorrupción y Crimen Organizado; y, a la forma poco inteligente en la que la presidente de ese organismo justifica lo que parece ser un desatino.

No se discute la potestad del CJ, se critica la incapacidad de sustentar una decisión, pues no se sostiene que se arguya las “pocas causas” que se tramitaban en la unidad, tampoco se entiende la confusión de la Dra. Caicedo, cuando dice que la unidad no se elimina sino se suprime, como si no fuera lo mismo (son sinónimos).

El símil de pasar de “un departamento corto” a una casa más grande, tampoco abona. Pues los 14 jueces conocían delitos específicos y debían tener condiciones especiales en razón del riesgo, ahora 50 conocerán todo tipo de infracción penal.

Seguimos “estando en Babia”, pues no se entiende como se supone que mejorará la administración de justicia con la reorganización y la fusión con supresión, que no es eliminación sino optimización. (O)