La concesión otorgada por el Estado a la empresa Dundee Precious Metals para la explotación del proyecto minero Quimsacocha sigue vigente.

Mientras continué así, seguirá siendo la manzana de la discordia entre el Gobierno y Azuay.

En esta provincia, la gran mayoría de su población está en contra de la explotación minera en áreas consideradas estratégicas, y de las cuales depende el suministro de agua para consumo humano y para el sostener el equilibrio ecológico.

Si bien el Gobierno decidió suspender la licencia ambiental, uno de los requisitos indispensables para avanzar hasta la fase de explotación, la concesión no ha sido tocada, ni siquiera mencionada.

En esta semana que concluye, el presidente Daniel Noboa, fiel a su estilo lacónico, durante una “entrevista” dijo que el hasta poco prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, siendo gobernador en 2016 (mandato de Rafael Correa), “fue el que entregó Quimsacocha”.

Una aseveración que se cae por su propio peso y desconocimiento, considerando, sobre todo, que la concesión data de varios años atrás, y Lloret no era gobernador.

A la luz de los hechos, y sin que implique defender al exprefecto, la declaración presidencial hay que ubicarla dentro del contexto del momento pre electoral.

Lloret aspira a la alcaldía de Cuenca. Ahora se muestra en contra de la explotación minera. De esto se vale el gobernante para cuestionarlo. Pero es él quien debe explicar su ahora “doble posición”.

Ocurre también cuando amplios sectores ciudadanos volvieron a las calles para reeditar la gran marcha por la defensa del agua ocurrida hace un año.

Lo que el presidente no dice, tampoco su entrevistador lo repreguntó, es si, atendiendo la postura firme del pueblo azuayo, retirará de manera definitiva la concesión, gracias a la cual la empresa se mantiene en el lugar, incluso cercándolo.

“Ahí está el detalle”. Lo demás es calentura electoral.