El exvicepresidente y expresidente de la República, Lenín Moreno, se suma a la larga lista de exmandatarios ecuatorianos sentenciados por corrupción.

Regresó de Paraguay, país donde residió durante varios años, convencido de que los jueces fallarían a su favor tras la acusación fiscal en el caso Sinohydro.

Fiscalía investigó la entrega de coimas por USD 75 millones para que esa empresa china consiga el millonario contrato para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, al término de la cual se descubrieron sobreprecios y más de 17 mil fisuras en la casa de máquinas.

Moreno, al igual que su círculo familiar íntimo, no logró convencer al Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia para que le favorezca con la suspensión condicional de la pena de cinco años de prisión por el delito de cohecho.

Jamás se cansó de explicar que nunca recibió un solo dólar de aquel monto de la coima que, ahora se sabe, correspondía a un porcentaje del contrato para construir la Coca Codo, y que fue entregado al lobista de Sinohydro, al que él, según Fiscalía, ayudó para que el Gobierno de la época le adjudique la obra.

Empero, sus aclaraciones no desmintieron la teoría fiscal, fundamentada en que el soborno llegó a los miembros de su familia a través de bienes muebles y otros pagos.

¿Ingenuidad o qué? ¿Exceso de confianza en el lobista, íntimo amigo suyo? ¿O convencido de que se trataba de un “acuerdo entre privados”, tal como era la tesis del gobierno del que formó parte y al que le sucedió en el poder?

Despotricar ahora contra el correísmo, acusándole de venganza por haberle descubierto sus costuras, salirse de su control y porque lo habría denunciado, es poco o nada convincente.

Mientras su mentor político y expresidente está prófugo, él, por lo menos, regresó al país, y ahora deberá cumplir la sentencia.

Dos casos incubados en una misma época, oscura por cierto para el Ecuador en materia de transparencia.