Un poder sin contrapesos puede desembocar en autoritarismo. Allí radica uno de los principios más fundamentales de la democracia.
Qué duda cabe que la Función Legislativa es el principal contrapeso del Ejecutivo, sin llegar en lo que en la traumática política ecuatoriana se conoce como pugna de poderes.
Es cierto que un gobierno tiende a hacerse de una mayoría legislativa para sacar adelante su proyecto político.
Pero cuando esa mayoría degenera en una dependencia más del Ejecutivo, fiscaliza “a la carta”, impide el accionar de la oposición, la desprecia, además; germina el autoritarismo y otros defectos cuyo denominador común es la violación a la Constitución, sobreviene el endiosamiento por el poder, la pretensión de nunca dejarlo, o de usarlo para otros intereses que no son los de la patria.
Años atrás en el Ecuador se hablaba de reformas para que los asambleístas sean elegidos en la segunda vuelta presidencial. Sus respectivas tiendas políticas se repartirían la mayoría de curules.
Eso abriría la posibilidad de que el nuevo presidente tenga amplia mayoría, y, por consiguiente, gobernabilidad.
Pero los demás partidos y movimientos que no llegaren a segunda vuelta no tendrían mayor representación, lo cual también es una desventaja considerando que las minorías también deben estar representadas.
Cuando la controversia política se desborda entre esas dos funciones del Estado, siempre se retrotrae aquella posibilidad.
No por insidia, por qué también no analizar reformas para que la Asamblea sea renovada en la mitad de un periodo presidencial, como ocurre en Estados Unidos, si bien los sistemas son diferentes.
Suena acaso radical, pero no descabellado, como quien un presidente se somete a una especie de referéndum, siendo el pueblo el que lo premie, o lo censure en las urnas, permitiéndole o no seguir con una mayoría en la legislatura.