Como no está regulada por ley electoral, algunos candidatos a alcaldías y prefecturas ya están en campaña electoral anticipada a través de las diferentes plataformas digitales.

Según el Código de la Democracia, únicamente pueden hacerlo dentro del periodo que al respecto fijó el Consejo Nacional Electoral (CNE): del 12 al 26 de noviembre de 2026.

Pero esa disposición no atañe a la campaña digital, una tremenda contradicción advertida al CNE desde elecciones anteriores. Pero ha sido incapaz de controlarla, excepto para fiscalizar el gasto electoral.

No hay dudas de que las redes sociales son escenarios en los cuales se ganan o se pierden las elecciones.

Quienes mejor se posicionen en ellas, dejen huellas de sus mensajes, de sus perfiles, propuestas; en muchos casos, se hagan conocer, llevarán la delantera y, mientras más pronto, mejor.

Son los electores los que ya estarán procesando videos, fotografías, slogans y ofertas de los aspirantes a dirigir ciudades y provincias. En varios casos, mostrándose algo diferente a lo que son en la vida real, o lanzado propuestas, dignas de un mejor baratillo.

Pero también la campaña anticipada, aunque de forma velada, “se la nota a leguas” como dice el dicho popular, solo que barnizada como si se tratasen de acciones propias de un gobierno local o nacional.

Si una autoridad seccional que pretende reelegirse muestra las obras, abraza a la gente, sigue prometiendo o justificando lo que no ha hecho, hasta se aprovecha de fechas religiosas, no hay manera de cómo decir si la que actúa es el alcalde, el prefecto, o simplemente el aspirante a la reelección.

Esas autoridades tienen el privilegio de decidir, de contratar, de gastar, de aparentar ser y no ser, para, desde ya, posicionarse en la subjetividad del elector.

Que no sorprenda si la campaña digital anticipada, y la otra, la camuflada, sean más agresivas con el pasar de los días.