Los ocho candidatos a la Prefectura del Azuay incluyen la seguridad ciudadana y la prevención del delito en sus planes, con énfasis en la protección de las comunidades rurales y de las actividades productivas.
Las propuestas plantean prevenir la violencia, atender a grupos vulnerables y recuperar espacios comunitarios. También prevén coordinar con municipios, juntas parroquiales y Policía Nacional, sin sustituir sus competencias.
Entre las medidas constan rutas comunitarias de alerta, brigadas de vigilancia, monitoreo de corredores rurales, señalización vial y protocolos de emergencia. Otros planes incorporan control social.
Los candidatos vinculan la seguridad con la prevención de la violencia de género, la autonomía económica de las mujeres y las oportunidades para jóvenes. Buscan mejorar la convivencia y proteger el desarrollo territorial.
Sebastián Cevallos
Sebastián Cevallos, de la alianza Unidos por el Agua (Listas 2-12-20), estructura su estrategia en el programa “Azuay Crece Bien” y un plan de prevención social rural, con énfasis en las causas de la inseguridad.
Su propuesta aborda la violencia intrafamiliar, la desprotección juvenil y la falta de oportunidades. Plantea rutas comunitarias de alerta y protección social, coordinadas con municipios y el Gobierno Nacional.
En el ámbito territorial, propone monitorear puntos críticos en vías y cuencas, además de organizar brigadas comunitarias y apoyar a grupos prioritarios. Las acciones buscan reforzar la prevención en zonas rurales.
La prefectura actuaría como facilitadora de la organización comunitaria y coordinaría acciones con otras instituciones, sin asumir funciones policiales. El plan apunta a fortalecer el tejido social y la seguridad local.
Gabriela Ochoa
Gabriela Ochoa, del Partido Social Cristiano (PSC) (Lista 6), plantea una estrategia contra la inseguridad basada en la prevención social, la infraestructura protegida y la participación de las comunidades.
Dentro de “Azuay Conectado y Productivo”, propone rehabilitar y señalizar vías rurales para reducir zonas vulnerables y facilitar el tránsito seguro de familias y productores. La conectividad vial integra su enfoque preventivo.
También plantea jornadas descentralizadas de rendición de cuentas y asambleas cantonales, en las que las comunidades puedan evaluar riesgos, promover la convivencia pacífica y fiscalizar las obras públicas.
La estrategia contempla coordinar acciones con la Policía Nacional y los municipios para resguardar las rutas rurales. Su objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y recuperar la tranquilidad en el campo.
Gustavo Sánchez
Gustavo Sánchez, del partido Avanza (Lista 8), propone enfrentar la inseguridad mediante “Territorios sin Violencia” (Plan 7), orientado a prevenir delitos, derivar casos y articular rutas en los 15 cantones.
El plan promueve redes comunitarias de cuidado, prevención de la violencia de género y autonomía económica para mujeres y jóvenes. La propuesta busca reducir factores de riesgo mediante apoyo social y oportunidades.
Como complemento, el Plan 1 plantea la “Red Vial Segura”, con monitoreo georreferenciado, señalización y atención ante emergencias en los corredores rurales de Azuay, para mejorar la seguridad vial.
La prefectura actuaría de forma concurrente con la Policía Nacional y los organismos competentes. El programa busca fortalecer el tejido social y mejorar la protección de las comunidades rurales de los 15 cantones.
Paolo Carpio
Paolo Carpio, de Acción Democrática Nacional (ADN) (Lista 7), aborda la seguridad ciudadana desde la prevención social, la resiliencia territorial y la inclusión, como parte de su propuesta de desarrollo humano.
En ese eje, prioriza prevenir la violencia de género, promover el liderazgo de mujeres agrícolas y vincular a jóvenes con actividades productivas para ampliar sus oportunidades y reducir riesgos.
En el ámbito territorial, propone coordinar acciones con la Policía Nacional, los ministerios del Ejecutivo y los municipios para proteger los corredores productivos rurales y mejorar la respuesta ante emergencias.
La prefectura promovería redes de apoyo comunitario y espacios de concertación local. El plan busca contribuir a un entorno seguro para vivir, emprender y trabajar en las zonas rurales de la provincia.
Ángel Cartuche
Ángel Cartuche, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) (Lista 18), fundamenta su propuesta de seguridad ciudadana en la gobernanza comunitaria, la participación y el control social de la gestión pública.
El plan plantea articular a la prefectura con municipios, juntas parroquiales y comunidades para fortalecer brigadas de vigilancia, el trabajo coordinado y las mingas destinadas a la protección territorial.
Mediante el Sistema Provincial de Control Social, propone prevenir irregularidades y delitos con la participación ciudadana en la fiscalización de recursos. La iniciativa incorpora el seguimiento comunitario.
También plantea cabildos provinciales y mesas territoriales para tratar la convivencia pacífica, la seguridad hídrica y la prevención de la violencia rural, con el propósito de fortalecer entornos protegidos.
Consuelo Orellana
Consuelo Orellana, de la alianza La Provincia en Marcha (Listas 63-17-1), plantea un “Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica” bajo el principio de respeto a las competencias previstas en el COOTAD.
Su propuesta contempla coordinar con la Policía Nacional y los municipios, sin asumir funciones policiales. También prioriza la prevención social del delito y la violencia de género, ante el 79,2 % de la ENVIGMU.
Mediante “Caravanas por la Vida” propone acciones de prevención comunitaria, recuperación de espacios públicos e intervención familiar para abordar factores de riesgo y promover la convivencia.
El plan incluye Unidades Móviles de Monitoreo Territorial para vigilar corredores productivos y responder ante emergencias. La iniciativa busca fortalecer la seguridad y consolidar una provincia de paz.
David López
David López, del movimiento Igualdad (Lista 82), considera la seguridad ciudadana y la lucha contra la inseguridad esenciales para la vida comunitaria y el desarrollo de las actividades productivas.
El plan refiere que la prefectura no reemplazará a la Policía Nacional ni al sistema judicial. Conforme al COOTAD, plantea acciones de prevención situacional e identificación de puntos críticos en corredores rurales.
También propone reforzar la seguridad en rutas productivas, ferias y proyectos turísticos, además de implementar protocolos de emergencia. Estas medidas buscan reducir riesgos en espacios clave para la economía rural.
En el área social, contempla prevenir las violencias, incluida la de género, ante una prevalencia provincial del 79,2 %. Plantea promover la autonomía económica de las mujeres y articular rutas de protección.
Pablo Webster
Pablo Webster, del movimiento Nueva Generación (Lista 100), aborda la seguridad ciudadana y la prevención del delito desde la cohesión social rural y la protección de los sectores más vulnerables de la provincia.
Mediante el eje social e inclusivo, propone enfrentar la inseguridad y el despoblamiento con atención a jóvenes y mujeres rurales, recuperación de espacios comunitarios y generación de oportunidades de desarrollo.
En materia de gobernanza, plantea mesas permanentes de trabajo con municipios, juntas parroquiales y la Policía Nacional para coordinar la vigilancia territorial y la respuesta ante emergencias en las comunidades.
También promueve la conectividad digital y el monitoreo participativo en sectores rurales alejados para mejorar la respuesta ante actos delictivos y fortalecer la tranquilidad de las comunidades más apartadas.
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