Una de las grandes contradicciones de la economía actual es que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en un aumento de los ingresos de los ciudadanos. Esta desconexión entre los indicadores macroeconómicos y el bienestar de los hogares plantea una interrogante fundamental: ¿de qué sirve una economía que crece si sus beneficios no se distribuyen equitativamente?
En Ecuador, esta realidad cobra relevancia. Los avances tecnológicos no siempre generan empleo de calidad ni mejoras salariales proporcionales. Paralelamente, las diferencias de remuneración y rentabilidad entre el capital financiero y el productivo invitan a reflexionar sobre los costos de intermediación, el acceso al crédito y sus consecuencias sobre la producción y el consumo.
La inseguridad económica no se limita al desempleo o a los bajos ingresos. Comprende también la incertidumbre que experimentan las familias ante nuevas crisis, cuyos efectos suelen recaer desproporcionadamente sobre quienes disponen de menores recursos. El fenómeno de El Niño constituye una manifestación adicional de esta desigualdad. Mientras algunos hogares cuentan con patrimonio y mecanismos de protección, otros enfrentan el riesgo de perder sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia.
Frente a esta amenaza, convendría discutir una contribución extraordinaria y progresiva de los grandes patrimonios, destinada a financiar prevención y asistencia social, mediante una administración transparente, independiente y fiscalizable. La eficiencia económica y la justicia social no son objetivos incompatibles. Por el contrario, una sociedad menos desigual puede fortalecer su productividad y capacidad de recuperación. Una economía eficiente no puede sostenerse sobre profundas desigualdades, pues sin justicia distributiva el crecimiento difícilmente se transforma en bienestar para todos. (O)
