La noche del 22 de octubre de 2026 se instaló en el Cuartel Modelo, en la ciudad de Guayaquil, la audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas, entre ellas, Luisa González, por el caso Laberinto. De acuerdo a la Fiscalía, los procesados estarían relacionados con el presunto lavado de activos para financiar la campaña electoral del movimiento político RC5 en el año 2023.

Según la tesis de la Fiscalía se identificaron alrededor de medio millón de dólares que se usaron en la campaña presidencial de Luisa González. Ese dinero habría ingresado desde Venezuela.

En un vídeo de José Julio Neira, secretario de la Administración Pública del Gobierno de Daniel Noboa, se explicó que la prueba de aquello está en unos mensajes de un cooperador de la investigación. De acuerdo a Neira, el cooperador le escribió a un contacto identificado como «Aquiles Álvarez 1» para consultarle sobre el presupuesto de campaña. Él le habría respondido que el dinero se destinaría a «brigadistas» y «camisetas», y que esos rubros tenían que pagarse en efectivo.

Neira agregó que, en la investigación, también existen «posibles vínculos entre personas jurídicas, relacionadas con el entramado societario de Aquiles Álvarez».

¿Qué dice la Fiscalía?

Por su parte, a diferencia de los representantes del Gobierno de Noboa, solo informaron que se investiga los recursos ilícitos de la comercialización ilegal de hidrocarburos, que se habrían usado para financiar la campaña de González hace tres años.

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