La preocupación expresada por Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, debe ser tomada con profunda seriedad. Su pronunciamiento sobre la destitución de tres jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se produce en un escenario de debilitada confianza ciudadana en la justicia. Según Latinobarómetro 2026, apenas el 11% de los ecuatorianos manifiesta satisfacción con el sistema judicial, frente al 22% del promedio regional. La salud de una democracia depende de la fortaleza de sus instituciones y de la confianza en que sus decisiones responden a la ley y no a los intereses políticos.
Este escenario reviste mayor gravedad cuando las actuaciones de las distintas funciones del Estado generan dudas sobre la separación de poderes. Si bien el Consejo de la Judicatura justificó la destitución de los tres magistrados en una declaratoria de error inexcusable, la relatora de Naciones Unidas advirtió sobre los riesgos que estas medidas representan para la independencia judicial. La potestad de sancionar actuaciones contrarias a la ley es necesaria, pero exige procedimientos transparentes y garantías suficientes para descartar cualquier interferencia política, especialmente cuando las decisiones disciplinarias recaen sobre jueces que han resuelto casos de alta sensibilidad política. Le corresponde a estas instituciones demostrar que sus actuaciones responden exclusivamente a criterios jurídicos.
Los jueces requieren garantías efectivas para ejercer sus funciones con independencia, sometidos únicamente a la Constitución, la ley y las pruebas de cada proceso. La responsabilidad disciplinaria no puede convertirse en un mecanismo de presión ni la discrepancia con una resolución judicial justificar represalias. Proteger la independencia de los magistrados no significa concederles inmunidad frente a sus errores, sino asegurar que puedan responder por ellos mediante procedimientos legítimos. Si un juez teme las consecuencias políticas de su sentencia, queda comprometido el derecho de todos los ciudadanos a una justicia imparcial. En una democracia, la justicia debe estar libre tanto de la impunidad como de la intimidación.
