Pero llega, dice un viejo aserto para dar ánimo a los que la buscan. Pero creemos que tarda demasiado –a veces más de la cuenta- lo que es preocupante en un mundo en que la tecnología posibilita celeridad en una serie de procesos y la información para el gran público –en ocasiones verdadera en otras dudosa- se ha acelerado a través de las redes sociales. No creemos que quienes están a cargo de estas gestiones deben actuar precipitadamente, pero sí que deben modernizarse los sistemas limitando una serie de elementos procesales que permiten a los “interesados” dilatar casi indefinidamente las resoluciones finales.
De manera especial cuando se trata de delitos en la administración pública que perjudica a todos los ciudadanos, esa demora genera en muchas personas la idea de que la impunidad es un factor generalizado, en buena medida porque los medios de comunicación dan mayor importancia a estos procesos que son noticia de interés general. La corrupción se ha generalizado en la mayor parte del mundo ya que, desde las más altas autoridades, aprovechan el control del poder para dar especial importancia a sus intereses personales con cifras alarmantes. Más que servir a la colectividad, no faltan quienes se sirven de las funciones para enriquecerse.
Hay casos en los que desde el ejecutivo interviene para que la “celeridad” de la justicia opere en función de los intereses de las autoridades. En la administración anterior fuimos testigos de cómo, cuando el primer mandatario se sentía ofendido por medios de comunicación, los fallos de los tribunales con multas descomunales para algunos medios de comunicación, llegaban con sorprendente rapidez, mientras en casos en que se cuestionaban las gestiones públicas los procesos se dilataban sin que haya explicación valedera para la demora. Esperamos que se mantenga el respeto al poder judicial, sin que ello implique injustificadas tardanzas en casos de corrupción.
