Los informes oficiales sobre empleo en nuestro país son desalentadores, pese a que algunos voceros del régimen se empeñan en señalar lo contrario. Los datos que entrega el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, dicen que el empleo pleno bajó del 40,6 % en diciembre del 2018 a 38,8 % en diciembre del 2019. Esto significa una pérdida de alrededor de ciento veinte mil empleos de calidad en el último año, como señalaron voceros de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ante esas realidades, la gente y sobre todo los jóvenes que deben entrar en el mercado laboral tienen un futuro incierto y casi su único camino es la informalidad.
La realidad de las condiciones de trabajo es distinta en las diversas ciudades del país de acuerdo con el INEC. Hay ciudades como Guayaquil en donde el desempleo ha crecido menos y otras como Quito que sienten en mayor escala las secuelas de la falta de fuentes de trabajo. El hecho de que seis de cada diez personas en capacidad de laborar no tengan un trabajo estable y con todos los beneficios de ley, es quizá la mayor tragedia que tiene nuestro país desde hace algunos años. Y, esa tragedia crece en cuanto los legisladores y el gobierno permanecen insensibles ante el clamor de cambios en las normas laborales que incentiven la creación de nuevas fuentes de trabajo. La inversión no encuentra un clima apropiado por varias circunstancias a las que hay que sumar los hechos de octubre pasado que desalientan cualquier proyecto.
Seguridad jurídica que permita normas claras y estables, es una necesidad imperiosa para crear condiciones favorables que generen nuevas fuentes de trabajo. Reformas legales a las normas de trabajo que posibiliten- por ejemplo- el trabajo a medio tiempo son igualmente necesarias. Las normas vigentes deben mantenerse para quienes tienen trabajo pleno, pero se imponen nuevas regulaciones que permitan un trabajo estable a la gran mayoría de ecuatorianos, que hoy no lo tienen.
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