Después de convertirse en uno de los principales receptores de migrantes de Venezuela en la región, Ecuador, que contabiliza cerca de 400.000, se marca como reto para este año el de su integración socioeconómica.
Así lo analizaron este martes autoridades ecuatorianas en un panel denominado «Respuestas de Ecuador a la crisis migratoria venezolana» y que antecedió a la inauguración de la XII Cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) en Quito.
El viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, contabilizó en unos 400.000 el saldo de venezolanos que se encontrarían en Ecuador tras ingresar tanto por pasos regulares como irregulares desde 2016.
Hasta este mes de enero la estadística migratoria ecuatoriana recoge la cifra de 1,8 millones de ciudadanos venezolanos que habrían accedido al país, la mayoría de los cuales siguieron camino hacia otros destinos.
Un 15 % de los que entraron lo hicieron por canales irregulares, de acuerdo a datos del Monitoreo del Flujo de Población Venezolana de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que desde abril de 2018 dirige y coordina la respuesta a los refugiados e inmigrantes de Venezuela mediante una plataforma regional.
Se estima que 4,7 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos cuatro años para residir en el extranjero, en una crisis política, económica y humanitaria sin precedentes.
Los desplazados llegan fundamentalmente a países latinoamericanos, con en especial énfasis en Suramérica, que concentró hasta noviembre de 2019, el 77 por ciento del total de venezolanos en el exterior.
El éxodo venezolano se haya disperso especialmente por 17 países, refirió la OIM, que en Ecuador encabeza una plataforma integrada por 36 socios, cinco organizaciones nacionales, 19 agencias internacionales y doce organismos de la ONU.
Pese a que la entrada de venezolanos según plasman las estadísticas presentadas se redujo de manera drástica desde septiembre pasado, a raíz de la entrada en vigor de un decreto que exigía un visado de excepción, Velástegui vaticinó que este año ingresarán en el territorio ecuatoriano 274.000, y de ellos «109.000 con el ánimo de permanecer en el país».
El viceministro recordó que la crisis migratoria y la respuesta del país a los ya radicados se produce en momentos de un decrecimiento del PIB, que de acuerdo al Banco Central de Ecuador fue del 0,08 por ciento en 2019, y con unas previsiones de crecimiento del 0,7 por ciento para 2020.
En 2018 Ecuador destinó más de 90 millones de dólares a la atención de la crisis migratoria venezolana y su impacto superaría los 100.000 en 2019 y en años posteriores, reza un informe expuesto en el panel.
«Para el Estado ecuatoriano, los montos repercuten en las acciones y políticas presupuestarias», insistió.
El alto funcionario argumentó que en línea con los compromisos adquiridos en el proceso de Quito para regularizar el flujo migratorio venezolano y la Agenda 2030, Ecuador adoptó medidas como la exigencia de un visado excepcional y procedió a elaborar un censo de nacionales venezolanos.
En dos meses y medio de proceso se registraron 45.000 solicitudes de visa y se entregaron 31.500, de las que 15.000 fueron humanitarias.
Velástegui señala que el principal giro «es pasar de un proceso de atender emergencias para proyectarse en soluciones duraderas» con el horizonte de «la inclusión económica y social».
Por su parte, el viceministro de Seguridad, Patricio Pazmiño, destacó que 2018 fue el año de mayor arribo de venezolanos, al que siguió 2019.
Con corte del 19 de enero de 2020, el Ministerio de Gobierno recoge 354.538 venezolanos que entraron al país por pasos regulares.
Pazmiño mencionó, sin embargo, que algunas estimaciones hablan de medio millón de venezolanos actualmente en Ecuador, lo que colocaría al país como el tercero de la región con mayor número tras Colombia y Perú.
En 2019 el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) destinó 1,5 millones de dólares a proyectos específicos en movilidad humana y atendió a 146.650 venezolanos en situación de movilidad, reveló la subsecretaria de Protección Especial, Patricia Salazar.
El principal desafío resaltó es «mejorar la atención de las ciudades de acogida». EFE
