Uber redireccionará sus millonarias inversiones a otros mercados de Latinoamérica ante su forzada salida de Colombia por problemas de regulación y donde había proyectado su negocio a mayor nivel, dijo a Efe el vicepresidente global de Asuntos Públicos de la compañía, Justin Kintz.
Kintz adelantó en una entrevista telefónica a Efe el plan para redireccionar esas inversiones a otros países latinoamericanos como Panamá, Costa Rica, Chile, Perú o Ecuador, en donde pese a las dificultades han «encontrado Gobiernos» con la «iniciativa de dialogar».
En esta estrategia se incluye la inversión de 40 millones de dólares en un Centro de Excelencia en Bogotá con el que se pretendía crear 600 nuevos empleos para finales de 2023, un plan que no se alcanzó a concretar.
El anunciado cierre de operaciones en Colombia de Uber supone un nuevo capítulo de la firma estadounidense de su truncado viaje para instalarse en América, un continente en el que las sanciones, la oposición de los taxistas y la poca adaptabilidad de la legislación son sus principales antagonistas.
La capital mexicana se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en regular Uber en 2015.
En Perú se creó una categoría diferente conocida como «Taxi por Aplicativo», que reconoce la existencia de los taxis de calle y de los vehículos privados y sus diferencias.
Mientras que en Brasil se reguló el servicio de transporte privado intermediado por plataformas (TPIP) en 2018 luego de dos años de discusiones.
LAS DUDAS QUE DEJA UBER
Justin Kintz, quien está en Davos (Suiza) para asistir al Foro Económico Mundial lamenta que no se haya ofrecido «certeza» para poder realizar las inversiones planeadas en la Administración del mandatario colombiano, Iván Duque, cuya bandera es la defensa de la economía naranja (industrias creativas).
«Venimos invirtiendo en Colombia desde 2013. Bogotá fue el primer destino de Uber en Suramérica», recordó el ejecutivo al destacar que en el país encontraron la fórmula de talento y alta demanda de servicios alternativos de movilidad.
El reconocido investigador y analista en temas de movilidad sostenible Dario Hidalgo dijo a Efe en Colombia que Uber «ha operado sin permiso legal de transporte desde su llegada», pues «la regulación colombiana no se ha ajustado a las nuevas plataformas de conexión entre demanda y oferta».
Y pese a que destacó que estas plataformas se han convertido en una alternativa de movilidad importante para ciudades como Bogotá, «Uber no emplea a los conductores, son trabajadores por cuenta propia sin cumplir normas laborales» y por lo tanto es «un empleo precario».
NO DESCARTA VOLVER A COLOMBIA
A raíz de la prohibición ordenada por las autoridades colombianas, Uber se vio «forzado a dar marcha atrás y buscar un nuevo destino para estas inversiones», sin embargo, Kintz no descartó que si se dan las condiciones de «igualdad» regresarían a Colombia.
El marco legal que se defina en el futuro, consideró, debe «fortalecer» la competencia y las opciones en el mercado, así como «proteger» a los usuarios ante lo que ha calificado como una «arbitrariedad».
El ejecutivo consideró que ninguna de las plataformas con un modelo de negocio parecido «ha recibido un tratamiento similar», lo que ha minado el entorno de inversión y «está muy mal» porque Colombia «está listo para expandir ese sector» para crear «nuevas oportunidades de trabajo y generar crecimiento económico».
OTRAS INVERSIONES
El vicepresidente global de Asuntos Públicos de la firma dijo que continuará con su negocio de Uber Eats en Colombia y reafirmó sus inversiones en Latinoamérica.
Dentro de ese plan incluye la adquisición mayoritaria en octubre de 2019 de Cornershop, empresa con presencia importante en la intermediación de compras y entregas de supermercado a domicilio con presencia en Chile, México, y más recientemente en Perú y Toronto.
Mauricio Toro, uno de los congresistas que lidera un proyecto para regular las plataformas digitales de transporte en Colombia, dijo a Efe que se buscará que las mismas pólizas que deben obtener los taxis deberán tenerlas las aplicaciones para «garantizar la seguridad», y deben «radicarse» y «tributar» en el país. EFE
