El Gobierno Ecuatoriano, a través de Cancillería y del propio Presidente de la República, ha cuestionado el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por juzgarlo sesgado en favor de una de las partes, durante las protestas de octubre del año pasado, motivadas por el decreto que elevaba el precio de los combustibles.
Según el citado informe la Policía y miembros de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas actuaron con exceso de fuerza que motivó una “injustificada represión”, con el resultado de fallecidos, heridos, entre ellos algunos que perdieron sus ojos; supuestos malos tratos dentro de los centros de retención y otras acciones que se responsabilizan al Gobierno ecuatoriano como responsable de estos hechos.
Sin negar los excesos en la represión de los manifestantes, por parte de la Policía y miembros del Ejército durante las jornadas de protesta en referencia, si extraña en verdad que el citado informe prácticamente no toque los actos de vandalismo cometidos por grupos violentos dentro de las citadas manifestaciones, que ocasionaron policías lesionados, saqueos de establecimientos comerciales, destrucción de bienes públicos y privados, el virtual secuestro por parte de grupos de manifestantes a elementos policiales así como miembros del Ejército, comunicadores sociales. Aparte de ello, hubo la destrucción total del edificio de la Contraloría General del Estado en la Capital de la República, e intentos de toma de instalaciones petroleras en la Amazonía. Aparte de ello, hubo grupos con explosivos artesanales y otros implementos que daban cuenta de una preparación previa para los hechos desencadenados, que la CIDHH, prácticamente no toma en cuenta, por lo cual cabe dudar de la imparcialidad del informe en referencia.
Finalmente, se debe recordar que el anterior régimen puso a un elemento suyo, en la citada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual claramente determina la causa de esa extraña parcialización en el informe.
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