El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, pidió hoy al Parlamento de su país que apruebe cuanto antes un proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana, que permitiría a las autoridades expulsar a extranjeros que sean detenidos por cometer delitos.
Esta ley «nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos», afirmó Moreno durante un encuentro con alcaldes del país en el Palacio de Gobierno, donde suscribió acuerdos sobre seguridad ciudadana.
«Los extranjeros que vienen a visitar el país, que vienen a gozar de las maravillas de este país siempre son bienvenidos (…), los delincuentes no», afirmó el mandatario.
Esta declaración se da en un momento en que se ha levantado un duro debate en la sociedad por el asesinato de una ecuatoriana a manos de un joven venezolano por robarle su cartera, ocurrido cerca de un concurrido centro comercial del centro-norte de Quito.
Quienes «vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no, ellos no son bienvenidos», insistió Moreno al reclamar un trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía para combatir la delincuencia.
Este es un «tema es prioritario» y se podría concretar «si trabajamos de manera coordinada» entre el Gobierno, la Policía, los municipios y los ciudadanos, recalcó al precisar que, además, «las inversiones en seguridad deben ser muy bien planificadas».
Sin embargo, insistió en que se debe esperar que la Asamblea Nacional (Parlamento) tramite la reforma a la Ley de Movilidad Humana, que el Ejecutivo le entregó hace algunos meses, como un «Código de Seguridad del Estado», que ya lleva dos años en el trámite legislativo y que permitiría combatir a la delincuencia en mejores condiciones.
«Lo necesitamos», dijo el mandatario que en al ceremonia con los alcaldes aprovechó para agradecer la «valentía» de un oficial de la Policía, Josep Morales, quien intervino en el asalto a la mujer, sin haber estado en servicio y que ayudó en la captura del sospechoso.
El mandatario añadió que en el país se debe trabajar conjuntamente entre todos los estamentos de la sociedad con el propósito de «tener ciudades y pueblos seguros».
De su lado, la ministra de Gobierno (Interior), María Paula romo, que también participó en la ceremonia, indicó que son 138 municipios del país los que «han asumido el principio de corresponsabilidad por la seguridad».
Entre los acuerdos suscritos con los municipios figuran la elaboración de programas locales sobre seguridad y un compromiso conjunto para la operación de las unidades de la llamada Policía comunitaria, entre otros. EFE
