La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), está garantizada en la Constitución, el COOTAD y más leyes, pero es necesario contar con voluntad política y apoyarse en la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil para hacerla respetar y no subordinarse al tutelaje neocolonial del centralismo del poder político que trata de imponer intereses extraños al buen vivir de Cuenca y el Azuay.
El Concejo Cantonal de Cuenca debe ejecutar a plenitud su competencia exclusiva de planificar, regular y controlar el desarrollo cantonal, el ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, lo que incluye asegurar el respeto integral a las áreas protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, bosques y vegetación protectores y las áreas de importancia hídrica, todo lo cual debe plasmarse en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, cuyo plazo de expedición está por agotarse.
En este sentido el trámite de la Ordenanza que crea las Áreas de Conservación y Uso Sustentable Autónomas Descentralizadas Municipales Mazán y Curiquingue-Gallocantana, es un paso importante, pero no es suficiente, pues las áreas que deben protegerse son más.
Por el su parte el Consejo Provincial del Azuay unitariamente debe defender sus competencias exclusivas, entre otras, la ejecución de obras en cuencas y microcuencas, la gestión ambiental provincial, planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y fomentar la actividad agropecuaria.
Además, los GAD municipal y provincial tienen la obligación compartida con las autoridades del agua y del medio ambiente, de defender no solamente las áreas antes referidas sino el mantenimiento del caudal ecológico, la preservación de las cuencas hidrográficas y la restauración y recuperación de los ecosistemas por contaminación y erosión de los suelos.
El Bicentenario de la independencia exige defender la autonomía, la descentralización, reclamar nuestros derechos y una mayor participación en el presupuesto estatal, siendo contrario al espíritu autonómico buscar tutelajes del centralismo político como la subsistencia de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. (O)
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