Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador suspendió este martes, de forma condicional, una pena de prisión contra el legislador Yofre Poma, afín al expresidente Rafael Correa, que fuera acusado de paralizar un servicio público durante las duras protestas de octubre pasado.
La Fiscalía del Estado informó en un comunicado de que el tribunal aceptó parcialmente un recurso de apelación presentado por la defensa de Poma y del prefecto de la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez, también acusado junto a otras siete personas más por la misma causa.
Los jueces del tribunal resolvieron «ratificar la sentencia de primera instancia», de 1 año y cuatro meses contra Poma, pero le concedieron el «beneficio de suspensión condicional de la pena», por lo que recuperará su libertad.
La Fiscalía acusó a nueve ciudadanos por ingresar de forma violenta, el pasado 7 de octubre, a unas instalaciones de la empresa petrolera estatal, Petroecuador, y de haber obligado a varios técnicos de esa institución a paralizar el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).
Esa interrupción, según el Ministerio Público, «duró dos horas y diecinueve minutos», lo que impidió el bombeo o transporte de «31.286 barriles de petróleo, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado» de más de 1,7 millones de dólares.
Los procesados han defendido su inocencia y han asegurado que su caso obedece a una supuesta persecución por haber participado en las protestas de octubre, lideradas por el movimiento indígena ecuatoriano contra unas medidas económicas aplicadas por el Gobierno, en el marco de una cuerdo crediticio con el FMI.
El abogado de Poma, Gustavo García, tras conocer hoy el fallo del tribunal destacó que los jueces también negaron un recurso interpuesto por Petroecuador, por el que la empresa estatal buscaba una «reparación integral».
García remarcó que, con el fallo del tribunal de la CNJ, su cliente recuperará inmediatamente su libertad, así como el escaño en la Asamblea Nacional (Parlamento).
El letrado dijo que, además, presentará un recurso de casación de la sentencia inicial, con el propósito de que se ratifique la inocencia de Poma y de las demás procesados.
Entre el 3 y el 13 de octubre pasado, organizaciones indígenas, sindicatos y otros sectores sociales convocaron a protestas contra un decreto emitido por el presidente del país, Lenín Moreno, que eliminaba el subsidio a las gasolinas.
Las protestas concluyeron con la derogación de dicho decreto, pero con un saldo de una decena de muertos, así como 1.300 heridos y más de un millar de detenidos, según informó entonces la Defensoría del Pueblo.
El Gobierno interpretó ese episodio como un intento de golpe de Estado y enfiló sus sospechas contra supuestos grupos violentos presuntamente ligados al expresidente Correa, aunque también ha responsabilizado a dirigentes indígenas por los actos violentos registrados durante el paro nacional. EFE
