La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró preocupación por las amenazas a las libertades fundamentales en Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala y Honduras, lo que fue recibido con protestas de estas delegaciones ante el Consejo de Derechos Humanos.
En una intervención ante la primera sesión anual del Consejo en la que detalló la situación de los derechos en diez países, la mitad de ellos latinoamericanos, la expresidenta chilena exhortó a sus gobiernos a seguir las recomendaciones de su oficina en favor de las libertades fundamentales.
Sobre Venezuela, Bachelet destacó un aumento de la colaboración entre el Gobierno de Nicolás Maduro y su oficina, pero recordó que el comité de coordinación entre ambas partes he recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas.
«Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos», subrayó la alta comisionada.
La delegación venezolana respondió que en el país «no existen personas detenidas por motivos políticos», cuestionó la objetividad de los informes de la oficina dirigida por Bachelet y aseguró que los 130 casos documentados «ya han sido oportunamente atendidos».
«El personal de la alta comisionada ha podido constatar que la situación de los derechos humanos en Venezuela dista del panorama que dibuja un grupo de gobiernos en este Consejo para rendir pleitesía a su amo en Norteamérica», proclamó la delegación.
Sobre Colombia, Bachelet expresó su preocupación por el uso del ejército para contestar las protestas sociales, o la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres.
«Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia», subrayó Bachelet, para señalar que en 2019 su oficina documentó al menos 108 asesinatos de activistas (la Defensoría del Pueblo colombiana eleva este número a 134).
En el turno de réplicas, la representante colombiana lamentó que la oficina de Bachelet «no produjera un análisis más completo, que reflejara de manera más objetiva la realidad de Colombia», y la acusó de no ofrecer propuestas viables para avanzar en la mejora de los derechos humanos en el país.
Añadió que las autoridades colombianas «no ahorraron esfuerzos para proteger a líderes y defensores de los derechos humanos», y atribuyó los ataques contra estos activistas a grupos armados y organizaciones criminales que suponen «el mayor desafío» para el Gobierno.
Respecto a Nicaragua, la alta comisionada aseguró que desde la presentación de su último informe sobre ese país en septiembre de 2019 «las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo».
«Organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones», mientras «el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado», denunció Bachelet.
La expresidenta chilena señaló en este sentido que los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse, y cuando sí hubo protestas «la policía las dispersó abruptamente o elementos progubernamentales las atacaron con violencia».
Bachelet recordó que 61 personas continuaban privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas de 2018, y que 40 de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor de la Ley de Amnistía de junio de 2019, según organizaciones de la sociedad civil.
La delegación nicaragüense respondió que ya en marzo de 2019, cuando se aprobó en el mismo Consejo de Derechos Humanos una resolución contra Nicaragua, «rechazamos el uso desvirtuado de estos mecanismos para intervenir en un país que ha venido resolviendo de raíz sus principales retos en materia de derechos humanos».
Aseguró que Nicaragua es «el país más seguro de la región», pese a que «grupos financiados por el exterior han intentado perturbar el entorno pacífico de nuestra nación».
En cuanto a Guatemala, Bachelet pidió a las autoridades que adopten medidas efectivas e integrales para la prevención de los ataques contra defensores de derechos humanos y miembros de las instituciones judiciales.
Sobre Honduras, la alta comisionada recordó los altos niveles de pobreza, violencia e inseguridad, que han incidido en la emigración de muchos ciudadanos hacia Norteamérica, y pidió a la Justicia nacional que continúe la investigación del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en 2016. EFE
