Sandra Cruz / Quito
«La mayor prueba que ustedes, señores jueces, han recibido es que este es un proceso político y la demostración es que yo soy el único arrestado». Así inició Alexis Mera su intervención durante el decimoprimer día de audiencia de juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, que se desarrolla desde el 10 de febrero en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Vía Skype desde su domicilio, en Guayaquil, Mera acusó a Pamela Martinez, exasesora de Rafael Correa, de haber recibido dinero mientras se desempeñaba como jueza de la Corte Constitucional (CC). Según el exfuncionario, entre 2015 y 2017 Martínez recibió pagos por $400.000 de la multinacional Odebrecht, $250.000 del consorcio GLP Ecuador y $20.000 mensuales de la empresa constructora Equitesa.
«En este proceso yo he sido acusado por la señora Martínez con el único afán de poder acogerse a la cooperación eficaz, pero yo espero mi absolución», afirmó Mera en 35 minutos de intervención.
Más adelante el exsecretario jurídico de Rafael Correa -uno de los 21 procesados en la trama de corrupción- aclaró que no necesariamente estaba de acuerdo con todas las decisiones del entonces mandatario, entre ellas el Plan Nacional del Buen Vivir, el Código Ambiental, la Ley de Tránsito y algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y pidió a los jueces no endilgarle la responsabilidad política cometida por Correa.
Mera, quien permanece detenido desde el 31 de mayo de 2019, reconoció que en varias ocasiones visitó el edificio La Unión (frente a Carondelet), como lo comentó Martínez, y donde ella tenía su oficina junto a Laura Terán, pero especificó que iba porque allí funcionaba el departamento médico y hasta el comedor.
Alexis Mera también dijo que era muy frecuente la entrega de sobres en la Presidencia y en La Unión. «No es posible, señores jueces, que se me quiera condenar por simples presunciones», señaló, y volvió a negar haber recibido dinero de Martinez.
Mera subrayó que el cuaderno hallado detrás de la chimenea del departamento de la exfuncionaria contiene incoherencias gravísimas.
¡Es imposible! ¡O tiene memoria fotográfica! ¿O qué?, expresó tras sostener que la única prueba que tiene la Fiscal en su contra es el testimonio de Martínez. Consideró que la información que contienen los «archivos verdes» también tienen que verificarse, porque Laura Terán también habría enviado un correo electrónico mientras estaba presa.
Mera sugirió no cancelar facturas por la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Dijo que lo único que se ha probado hasta el momento es una factura con un supuesto pago de Pamela Martínez por 85.000 dólares, pero que no tiene su firma.
«Yo creo que estoy preso solo por haber sido abogado de Correa», y tras asegurar que los chats con Correa y Glas fueron cuando ya no era funcionario publico. Afirmó no estar de acuerdo con los sistemas de campaña y su financiamiento.
«Siempre me he negado a estar informado de cómo se financian las campañas electorales, ni siquiera cuando trabajé con León Febres Cordero. Por lo tanto esto demuestra que no tengo nada que ver con esta historia. Mi vinculación a la campaña es inexistente, no se ha probado nada».
El tema electoral era manejado por Alianza País, agregó. Pero llamó la atención que los exfuncionarios Doris Soliz, Galo Mora y el empresario Italo Centanaro no estén incluidos en el proceso a pesar de que han sido mencionados como quienes tambien habrían recibido dinero. Aunque comentó no haber conocido a Jose Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, recordó que fue él (Mera) quien recomendó a Wilson Toainga, fiscal subrogante, evitar que se paguen las facturas a la multinacional por la mala calidad en la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, y que actualmente es ventilado en los tribunales de Guayaquil.
Íñigo Salvador, procurador general del Estado, y la Fiscalía refutaron la intención de defensa de Alexis Mera para que se incorpore en el proceso una nueva prueba relacionada con la reproduccion del audio del testimonio anticipado de Jose Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador. Salvador apuntó que esta posibilidad está restringuida por el articulo 617 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acogió la observación del procurador y rechazó el pedido de Correa. Mientras tanto una de las pruebas presentadas por la defensa de Rafael Correa fue el testimonio de Soad Manzur, exsuperintendenta de Compañías. Vía Skype desde Guayaquil, la exfuncionaria contó que realizó tres pagos de 100 dólares al Fondo de Solidaridad de Alianza Pais (AP).
