Los jueces de las 24 provincias del país deberán realizar “un análisis minucioso” de los casos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) que puedan acogerse a medidas alternativas a la prisión preventiva (grillete electrónico), mientras dure el estado de emergencia sanitaria.
La decisión fue anunciada por la Fiscalía y se produce dos días después de la exhortación de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, para que se acojan los pronunciamientos de organismos internacionales para la protección de grupos vulnerables en situaciones de confinamiento.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron que en los casos de personas en situación de riesgo en el contexto de pandemia, así como las personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros, se debe evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión.
“Los jueces deberán tomar en consideración, tanto la gravedad de la conducta y el delito, como el riesgo que corren, por ejemplo, las víctimas de violencia contra la mujer o el núcleo familiar frente a la medida de aislamiento domiciliario cuando comparten espacios de convivencia con sus agresores”, aclaró la Fiscalía.
Aseguró que ha tomado todas las acciones necesarias para agilizar los procesos en esos casos, en especial quienes requieren medidas de protección como lo determina el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (SCC)-(I)
