Cacerolazos, colocación de banderas y reducidos plantones bajo medidas de seguridad por el aislamiento social obligatorio, reemplazarán a las tradicionales marchas por el Día del Trabajo, que se conmemora mañana viernes en el país de forma atípica por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.
Así lo aseguró este jueves Nélson Erazo, presidente del Frente Popular, que forma parte del Colectivo Nacional Unitario, que aglutina a diferentes grupos sociales, entre ellos indígenas, trabajadores, jubilados y estudiantes.
El COVID-19, que ha contagiado a cerca de 25.000 personas en Ecuador, -según datos oficiales- será uno de los ejes de la atípica protesta, en la que exigirán la entrega de equipos de seguridad para el personal sanitario, así como asistencia social, como comida y medicina, por parte del Estado para las personas más vulnerables.
Asimismo, reclamarán mayor seguridad laboral para todos los trabajadores en medio la crisis económica que afronta el país y que se ha visto agudizada a causa de la emergencia por el coronavirus.
«Vamos a realizar plantones en algunas ciudades del país», comentó al aclarar que esa acción, que será reducida y tendrá lugar a las 12:00 del viernes, estará sujeta a los protocolos de seguridad por la salud ante el COVID-19.
Puntualizó que se guardará una distancia de dos metros entre cada uno de los participantes, una acción a la que se sumará la colocación de banderas en las casas.
¿SOBRE QUIÉN RECAE LA CRISIS?
«En esta época de coronavirus tanto los empresarios como el sector público han abusado de su poder y han dejado sin puestos de trabajo» a miles de trabajadores, aseguró al indicar que ello ha ocurrido en el sector agrícola, textil, en empresas de línea blanca, de ensambladoras de vehículos, entre otros.
A ello se suma -dijo- la pretensión del Gobierno de dar por terminados los contratos de trabajo ocasionales, en su empeño por reducir el tamaño del Estado, en el marco de un plan de austeridad.
«Van a descargar toda la crisis que hoy estamos atravesando en los sectores más vulnerables y, en este caso, en el sector de los trabajadores», advirtió al apuntar que para superar la actual crisis, el Estado debería apoyarse en los sectores más pudientes.
«EL QUE MÁS TIENE, MÁS PAGA»
Erazo asegura que el año pasado, algunas empresas y grupos económicos lograron «grandes ganancias», y que las veinte principales empresas del país ganaron millones de dólares en utilidades netas.
Por ello, consideran que esos grupos deben contribuir con «un porcentaje importante» de esas ganancias para enfrentar el complejo escenario económico y no pretender que los ciudadanos solventen la crisis con porcentajes de sus salarios, como se plantea en un proyecto de ley que analiza el Legislativo.
Indicó que la canasta básica supera los 720 dólares, mientras el salario básico está en 400 dólares, por lo que el porcentaje del aporte ciudadano debería tomar en cuenta esa situación, aplicando la lógica «del que más tiene, más paga«.
Según Erazo, el sector de la pequeña y mediana industria genera alrededor del 70 por ciento de las plazas de trabajo en Ecuador, por lo que proponen ayudarlo con exoneraciones en el pago de la tarifa de energía eléctrica, telefónica y del agua potable.
Al mismo tiempo, creen que el Estado debe «obligar a la banca» a bajar los intereses para que la pequeña y mediana industria pueda acceder a préstamos a largo plazo y a bajo interés.
Tras recordar que el país ya venía arrastrando problemas económicos, Erazo señaló que la caída del precio del barril de petróleo ha complicado aún más la situación, por lo que opinó que «no es el momento de ir a una renegociación de la deuda externa».
«Es el momento de declarar la moratoria, la suspensión y el no pago de la deuda, por lo menos hasta poder resolver la economía de nuestro país y empezar a producir como corresponde», subrayó.
No es lo mismo pedir a una persona adinerada que se quede en casa por el aislamiento a causa del COVID-19, que pedirle a «quien vive del día a día cuando sus hijos están muriendo de hambre», sostuvo.
Por lo que consideró que si se declara la moratoria, el Estado tendría recursos para comprar kits alimenticios, proteger a los sectores vulnerables, y miles de puestos de trabajo.
Esos argumentos los plantearán en la sui géneris jornada de mañana con el cacerolazo como protagonista desde ventanas, balcones o calles sin concentraciones masivas, pero con listones negros en memoria de los cerca de 900 fallecidos por el COVID-19, según cifras oficiales. EFE
