OPINIÓN|
La Asamblea Nacional, aprobó la Ley de Apoyo Humanitario y resolvió que los Presidentes y Ex Vicepresidentes de la República, que hayan sido defenestrados o no concluyan con el periodo para el que fueron elegidos, no recibirán las pensiones vitalicias que se les fija por Ley, igual que los sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Así mismo, están exentos de recibir pensión los exmandatarios que hayan sido sentenciados por delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y de agresión o violencia sexual. Lo aprobado el 15 de mayo de 2020, por su ambigüedad, da lugar a interpretaciones extensivas, ya que se aplicará para lo venidero, desde el momento que la Ley entre en vigencia, por no tener efecto retroactivo. La ciudadanía no quería eso, sino que se derogue y elimine la pensión vitalicia para los exgobernantes, sin otro análisis, por cuanto también pueden acogerse al beneficio de la jubilación, como los ciudadanos comunes. La resolución es amorfa, ambigua y abstracta, cumpliendo consignas partidistas. Los Asambleístas, deben cumplir fiel y honestamente el mandato de sus mandantes, esto es fiscalizar dentro de sus competencias y legislar en favor del pueblo ecuatoriano. El sentir mayoritario es que al eliminar las pensiones vitalicias esos dineros se destinen a dos sectores críticos y que se contraen a salud y educación. La resolución agrega que, para los expresidentes y vicepresidentes, que sean elegidos constitucionalmente por votación popular y que se hayan posesionado en el cargo tendrán al concluir su periodo una pensión vitalicia equivalente al 75 % de la remuneración vigente. En síntesis, los Asambleístas, se han burlado de sus mandantes aprobando una Ley ambigua y abstracta, por lo que tendrán que responder a sus electores. (O)
