El organismo emitió una alerta temprana según la cual estos grupos ponen en riesgo a la población civil al decretar normas de conducta a partir de la regulación a establecimientos comerciales y de ocio, y del control de precios sobre víveres y materiales de sanidad.
Además, bloquean las vías terrestres y fluviales de algunos lugares, y restringen la llegada de alimentos y suministros médicos.
Durante la cuarentena que comenzó el 25 de marzo la entidad ha documentado diez homicidios en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño que presuntamente fueron cometidos porque las víctimas habían violado las medidas impuestas bajo amenazas, y dos de ellos fueron producto de un ataque a una misión médica.
VIOLENCIA CONTINÚA EN CUARENTENA
Según el informe, desde que el país comenzó la cuarentena obligatoria los grupos ilegales han cometido intentos de homicidio, incineraciones de vehículos como castigo a las restricciones de movilidad, retenciones arbitrarias, amenazas y desplazamiento forzado por desacato a sus normas.
La Defensoría ha encontrado además casos de estigmatización a presuntos portadores del coronavirus, desplazamiento forzado de población inmigrante proveniente de Venezuela y casos de racismo contra la población indígena.
Entre enero de 2019 y el 27 de abril de este año la Defensoría emitió más de 70 alertas tempranas, concentradas especialmente en departamentos como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca.
La nueva alerta de la Defensoría fue dirigida al Ministerio del Interior con el fin de «impulsar las medidas necesarias y efectivas de prevención y protección urgente» de la población en territorios donde los grupos ilegales «han perpetrado hechos violentos» durante la contingencia de la pandemia.
DISIDENCIAS Y EL ELN SE FORTALECEN
En el caso de las disidencias de las FARC, la Defensoría ha constatado un fortalecimiento en la Orinoquia y la Amazonia colombiana, así como en el Pacífico y el norte del país, donde imponen normas y sanciones a las comunidades campesinas y étnicas que habitan dichos territorios.
Esos grupos también operan en zonas rurales donde utilizan artefactos explosivos, sostienen enfrentamientos con otros grupos ilegales, reclutan menores de edad e instalan minas antipersona.
Sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que decretó un cese el fuego durante el mes de abril, la Defensoría alertó que esa guerrilla «continúa afianzando sus operaciones de expansión a territorios otrora ocupados por las FARC y/o de consolidación en aquellas zonas donde ha conseguido imponer su dominio».
El ELN se ha fortalecido particularmente en el noreste del país y en la Orinoquia, «sirviéndose de las dinámicas de frontera porosa con Venezuela, donde existen brechas de presencia institucional por parte de los gobiernos de ambos países».
Estas operaciones se han visto reflejadas en reclutamientos de menores, principalmente de comunidades indígenas y afrocolombianas, instalación de minas antipersona, atentados con explosivos contra la infraestructura energética, homicidios, amenazas, desplazamientos masivos y confinamientos, entre otros.
EXPANSIÓN DEL PARAMILITARISMO
La Defensoría también alertó sobre las actividades de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que continúan expandiendo su operación en el Pacífico, el Caribe y el noreste del país mediante disputas por el control del territorio con el ELN y facciones disidentes de las FARC.
Mientras tanto, otros continúan con acciones violentas como amenazas, homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, control de rentas ilegales provenientes del control de los eslabones del narcotráfico, los préstamos «gota a gota», la minería ilegal, contrabando, la trata de personas y la prostitución forzada.
Según la entidad, bandas como los Rastrojos «continúan obstaculizando los procesos de reclamación de tierras y reparación de víctimas», así como los reclamos y reivindicaciones de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Por todo eso, la Defensoría reiteró el llamado a estos grupos para que dejen de usar la violencia de las armas, cesen los ataques contra los líderes sociales, respeten y permitan la acción de las misiones médicas y prevengan el contagio de COVID-19 en sus filas. EFE
