El presidente de la República Lenín Moreno anunció este martes un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares para enfrentar la grave situación financiera del país agravada por la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El mandatario justificó una serie de medidas de ajuste presupuestario del Estado en que, de esa manera, se podrán paliar «los estragos» generados por la pandemia.
Las medidas incluyen la priorización de los gastos públicos garantizando la viabilidad de sectores como la salud, educación, seguridad y protección social, además de destinar financiación a la reactivación productiva del país y un ajuste de los precios de los combustibles.
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Moreno dio a conocer que Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares a causa de la emergencia por coronavirus a escala mundial, cantidad que sumó al déficit de 4.000 millones del Presupuesto General del Estado (PGE).
En total, el país ha dejado de ingresar 12.000 millones, afirmó el jefe de Gobierno antes de subrayar que la actual crisis ha provocado que 150.000 ecuatorianos perdieran su trabajo por el cierre de empresas, pese a los esfuerzos para mantenerse a flote.
«Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos». Lenín Moreno.
Y en este contexto anunció la puesta en marcha del recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares que corresponderá a una reducción de la masa salarial de 980 millones, bienes y servicios 400 millones y gasto de capital 1.300 millones.
También expuso que con la renegociación de la deuda se ahorrarán 1.300 millones en intereses.
En el ámbito de la Función Ejecutiva, la jornada laboral pasará de ocho a seis horas diarias con remuneración equivalente y prioridad al teletrabajo, excepto para funcionarios esenciales como de la salud, Policía, Fuerzas Armadas y entidades de seguridad.
La jornada de los docentes se reducirá solo una hora, decisión que según Moreno, «permitirá no desvincular a ningún maestro».
El Presidente afirmó que, en línea con la política de austeridad propuesta desde el inicio de su Gobierno hace tres años, se han eliminado 43 entidades y se prevé la supresión o fusión de 10 más.
Anunció la eliminación de siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea TAME –con pérdidas de más de 400 millones en cinco años-, que entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas.
En el sector exterior resolvió cerrar algunas embajadas y oficinas diplomáticas, entre ellas la de Irán, Nicaragua y la Representación ante el Parlamento Andino, y la vuelta de 70 funcionarios del servicio exterior.
Asimismo, detalló que los poderes del Estado, reunidos en el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) presentarán hasta finalizar el mes un ahorro de entre el 10 y 15% de los presupuestos en gasto corriente.
En relación a las críticas recibidas por haber pagado deuda externa al inicio de la pandemia, el mandatario argumentó que se cancelaron 341 millones, lo que permitió un ahorro de 1.300 millones por intereses, gracias a los cuales se obtuvieron 1.400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables.
«Estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más vulnerables y reactivar la economía«, aseveró.
Informó que se destinarán 750 millones para fortalecer los sistemas de salud y protección social y detalló un programa de financiamiento de más de 1.000 millones para la reactivación productiva.
Moreno recordó que el sistema de fijación de los precios de los combustibles no permite a la ciudadanía beneficiarse del descenso de los precios del barril de crudo y que, para contrarrestar esta situación, se aplicará un nuevo con el que se podrá disminuir el precio de la gasolina Extra y Ecopaís, de 1,85 a 1,75 dólares, y el precio del diésel a 1 dólar.
Por último, justificó la recientemente aprobada Ley de Apoyo Humanitario, además de la de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, propuestas para enfrentar la crisis por la COVID-19.
De la primera, dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de mantener el empleo y evitar que empresas quiebren, mientras la segunda, defendió, transparenta y ordena la economía nacional. EFE
