OPINIÓN|
En los últimos días, y alegando como motivo la emergencia sanitaria, la Asamblea ha aprobado el proyecto de Ley de “apoyo humanitario” y el Gobierno ha tomado un conjunto de medidas económicas. Si en el primer caso, a través sobre todo de la flexibilización laboral, su buscaría una reactivación de la actividad empresarial; en el segundo caso se pretendería paliar el abultado déficit fiscal, agravado por la baja de los precios del petróleo y por la emergencia sanitaria frente a la pandemia.
Sin embargo, la flexibilización laboral al dar posibilidad de reducir la jornada laboral de los obreros hasta en un 55 %, con una reducción de los salarios en un 45 %, en vez de promover la reactivación económica podría más bien obstaculizarla, y esto porque la reducción del ingreso de las personas disminuirá la necesidad de producir, reduciéndose con esto el empleo que es lo que, supuestamente, se trataría de preservar. Aún más, y como se ha visto en estos días, dicha flexibilización podría servir para despidos masivos de trabajadores sin reconocer sus indemnizaciones legales.
Sobre las medidas del Gobierno, a más de los anuncios de supresión de empresas públicas y reducción de personal diplomático (aunque no desaparece “cuota política”), las más importantes son la liberalización del precio de los combustibles y la reducción de los sueldos de empleados públicos y profesores. Esta última también, al disminuir la capacidad de compra de un importante sector poblacional, confabula contra la reactivación productiva y no permitirá reducir significativamente el déficit fiscal.
El costo social de la disminución de sueldos a los empleados públicos y de salarios a los trabajadores afectará a sectores de la clase media, que se empobrecerán; y, a los pobres, que irán a una situación de extrema pobreza. Mientras, de otro lado, los grandes grupos de poder económico, que no aportan un centavo para enfrentar la emergencia sanitaria, y los políticos que los representan han manifestado su apoyo a esas medidas. Y esto se da con el auspicio del FMI y cuando los casos de corrupción campean, aprovechándose de la crisis sanitaria que vive el país.
¿El Gobierno podía tomar otras medidas?: Sí, pero por sus compromisos económicos y políticos las dejó de lado. (O)
