La minería ilegal en Perú, especialmente de oro por el repunte de su precio, va a tener «una escalada muy fuerte», no sólo en zonas selváticas como Madre de Dios, sino en las altoandinas de La Libertad, por el relajo en las operaciones de control durante la pandemia, afirmó el economista José de Echave.
«El tema del precio (del oro) hace altamente rentable la actividad y el riesgo de desarrollarla, (pero) creo que va a haber un rebrote fuerte», explicó el fundador de la organización para el desarrollo sostenible Cooperacción.
En plena crisis económica por el COVID-19, el precio internacional de la onza de oro subió a 1.700 dólares, «un precio altísimo que hace rentable cualquier operación minera, en la pequeña minería o en la informal», agregó De Echave en una conferencia virtual con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).
LAVADORES DE ORO EN LA AMAZONÍA
El Estado peruano está abocado al combate de la enfermedad, que ha dejado más de 174.000 contagios y 4.767 fallecidos, y por lo tanto «va a descuidar estas tareas de erradicación y control territorial que venía desarrollando» con el apoyo de las Fuerzas Armadas, indicó el también ex viceministro de Ambiente.
«Si en (la región amazónica) Madre de Dios se había implementado una operación fuerte con las Fuerzas Armadas, en la actual situación que tienen otra tarea importante, que es ayudar a enfrentar la pandemia, la situación se debe haber relajado mucho», comentó.
De acuerdo al economista, «la producción (ilegal) debe haber aumentado de manera significativa, incentivada por el precio del oro», lo que provocará también la invasión de nuevas zonas, añadió.
Como consecuencia de este panorama, «las exportaciones ilegales de oro van a aumentar en Perú y en buena parte de países donde hay esta actividad», apuntó.
CORONAVIRUS EN CAMPAMENTOS MINEROS
En el lado de la gran minería industrial, dedicada principalmente a la producción de cobre, plomo y zinc, el coronavirus ha dejado a entre 700 y 800 trabajadores contagiados en los yacimientos, que no dejaron de funcionar, a pesar de la cuarentena e inmovilización a nivel nacional decretadas desde marzo último.
«Hasta donde sabemos, cuando se habla de 700 a 800 casos positivos en la minería, es que se trata de personas con una relación contractual con la empresa, pero el 70 % de trabajadores mineros, que son 200.000 a nivel nacional, son contratistas de empresas intermediarias», sobre los que no hay información sobre su estado de salud, precisó De Echave.
El economista señaló como el principal motivo para llegar a este número de contagios el hecho de que los gremios empresariales hayan presionado al Gobierno para mantener la actividad minera, bajo el argumento de que necesitaban continuar con operaciones mínimas.
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«Ese error significó un traslado, una rotación de trabajadores del campamento a sus ciudades de origen», cuando terminaban con sus jornadas de 20 días en el yacimiento, indicó.
Algunas unidades mineras como Las Bambas decidieron mantener a unos 2.000 trabajadores cerca de un mes sin salir del campamento, mientras que otras como Marcobre, en la región Ica, mantuvieron sus labores de construcción con un permanente ir y venir de obreros, citó De Echave.
«En este momento, además, ninguna empresa esta realizando evaluaciones» del estado de salud de sus trabajadores, precisó.
PROTOCOLOS SIN CONTROL
Un segundo error detectado por el analista es tratar de reiniciar las actividades mineras, cuando las mismas empresas han criticado el procotolo de seguridad por ser supuestamente «demasiado riguroso».
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Para De Echave, el error está en «tratar de imponer un funcionamiento donde, en la práctica, lo que va a ocurrir es que vamos a depender de la capacidad del empresariado minero de autorregularse», lo que puede generar un rebrote de la enfermedad en ese sector.
El analista remarcó que la recuperación del sector minero y de la economía peruana en general dependerá de lo que pase a nivel global, pues estimó que el producto interno bruto de Perú soportará una caída de 15 por ciento con los principales sectores productivos colapsados y más de un millón y medio de desempleados. EFE
