Una audiencia del juicio al exjefe de Inteligencia de Ecuador Pablo Romero Quezada, imputado, junto con el expresidente Rafael Correa, por su presunta participación en el secuestro en Colombia del opositor Fernando Balda, quedó aplazado este jueves por un recurso de recusación.
Una portavoz de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que tenía previsto instalar la audiencia esta tarde explicó que no era posible dar inicio a la vista debido a que el abogado del acusado interpuso una recusación al juez nacional Iván León.
«Se notificará a los casilleros judiciales la nueva fecha de instalación de la audiencia», concluyó el escueto mensaje.
Este recurso en el derecho procesal es una forma de apartamiento de un juez de un proceso, cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda.
El proceso que se inició el pasado lunes, ya experimentó otro aplazamiento, en ese caso, por el fallecimiento de la madre del principal acusador por secuestro, Fernando Balda.
La Fiscalía especificó que la diligencia contra Romero, extraditado en febrero pasado desde España por su presunta participación en el secuestro en Colombia del activista se reanudaría este jueves, después de que la acusación y la defensa presentaran el lunes pasado los alegados de apertura.
El fiscal general en funciones, Wilson Toainga, avanzó que la Fiscalía probará que para el cometimiento del delito de plagio (secuestro), «se utilizaron recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría de Inteligencia», comúnmente conocida como la «Senain».
El órgano de control considera que el hecho fue presuntamente «coordinado desde Ecuador por el procesado y que se llevó a cabo por pedido del expresidente de la República» Correa, otro de los imputados en el caso pero que no puede ser juzgado por ausencia.
El exmandatario, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y es requerido por la Justicia, reside en Bélgica desde que dejó la Presidencia.
El caso de Balda, ocurrido en Bogotá en 2012, ya fue juzgado en Colombia, pero la Justicia de Ecuador lo reabrió hace dos años y el Estado consiguió que los exagentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza actuaran como testigos de cargo.
A cambio de su cooperación eficaz, ambos fueron sentenciados a 21 meses de prisión por su participación en el secuestro, que fue frustrado por la Policía colombiana después de 90 minutos gracias a las advertencias de unos taxistas.
El abogado de Balda, que actúa de acusación particular, Felipe Rodríguez, confió en que puedan probar que «el vehículo en el que fue secuestrado Balda fue alquilado y pagado con recursos del Estado ecuatoriano, de la Senain».
Por su parte, el letrado de Romero, Stalin Oviedo, defendió al iniciarse el proceso que la acción penal ha «prescrito».
El caso Balda fue el primero en el que el expresidente Correa fue imputado en su país, donde tiene abiertas una docena de investigaciones.
El pasado abril, Correa fue condenado a ocho años de cárcel por su implicación en el caso de financiación ilegal del movimiento Alianza País entre 2012 y 2016, en el llamado caso «Sobornos», condena que puede aún apelar en instancias superiores.
El exmandatario, así como otros exdirigentes de sus Gobiernos que han sido procesados por ese u otros casos, afirman ser objeto de una persecución política por parte de su sucesor y exaliado político, Lenín Moreno. EFE
