Pese a los pedidos de la Fiscalía, los jueces que investigan los actos de corrupción en los hospitales de Guayaquil han optado por dictar medidas sustitutivas para los procesados, incluso para personas que actualmente se encuentran prófugas, como Luis Jairala Zunino, exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, que es parte del IESS.
Aunque tiene una orden de detención con fines investigativos por ejecutar contratos con presunto sobreprecio, su defensa solicitó la revocatoria de la medida para que el próximo martes pueda acudir libre y voluntariamente a rendir su versión. El juez aceptó el pedido.
La misma buena suerte corrió Francisco Javier Ochoa, director del Teodoro Maldonado Carbo durante la gerencia de Jairala Zunino. La Fiscalía lo acusó de delincuencia organizada y solicitó la prisión preventiva por tratarse de ser la persona que realizaba los requerimientos para la compra de los insumos médicos, pero la jueza determinó arresto domiciliario, el uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país. Todo esto porque el acusado presentó un carné de discapacidad del 40%.
Mientras que Luis Jordán, funcionario del Ministerio de Salud, investigado por la venta de insumos médicos y que fue capturado por integrar además la banda que comercializaba carnés de discapacidad, también guardará prisión domiciliar, pues está contagiado de covid-19. (ASM)-
