La producción y comercialización de bienes son negocios que deben estar sujetos a principios morales y normas legales para evitar abusos al consumidor ya que se abordan servicios que benefician a las colectividades. Se convierten en negociados cuando los involucrados proceden de manera ilícita y vergonzosa en perjuicio del consumidor. El servicio de salud requiere de negocios para que sea eficiente al público y se espera que en este caso las ganancias de los involucrados sean menores, ya que está de por medio una necesidad de mucha importancia, lo que ha puesto en tela de juicio el muy elevado rendimiento de la industria de medicamentos que se aprovecha de lo que debe ser un servicio.
La salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y algunos países, sobre todo de Europa, la han socializado para evitar su explotación. Si no se ha llegado a esta meta ideal, los Estados cuentan con centros de salud gratuitos para aquellos que más lo necesitan o instituciones con aportes obligatorios para garantizar la fluidez de este servicio. Un principio moral básico consiste que la solidaridad debe primar cuando se trata de la salud, cuyas anormalidades no distinguen edad, clase ni condición y que en las instituciones públicas este principio es esencial.
La pandemia del COVID-19 ha sacado a luz en nuestro país cómo, la intensificación de necesidades de salud, ha sido motivo para que personas, carentes de todo escrúpulo hayan hecho grotescos negociados mediante groseros sobreprecios en insumos médicos, con la complicidad de personas del sector público que, además de hacerse de la vista gorda, se han beneficiado. Cualquier negociado que perjudique a la colectividad es repudiable, pero los que comentamos nauseabundos ya que inclusive se han aprovechado de la muerte intensificada al vender con sobreprecio bolsas para cadáveres. Las cosas no deben quedar como denuncias, es indispensable una purificación del sector público en todos los niveles, para purificar esta pandemia moral.
