OPINIÓN|
En la actividad pública, encontramos una despiadada y descarada corrupción, porque el poder sobre bienes o servicios, en forma discrecional decide cualquier delincuente disfrazado de funcionario público, y resuelve quien recibirá o no y en qué cantidad. La corrupción es un crimen de cálculo, cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado, es pequeño, la mayoría de éstos inescrupulosos sucumben a la tentación de obtener dinero ilícito. Es verdad que hay excepciones y unos pocos funcionarios resisten ser sobornados, pero lamentablemente son contados con los dedos de la mano. En la corrupción política, están implicados personajes electos en votación popular o nombrados por razones de confianza del Gobernante de turno, quienes quebrantan la promesa de servir a la Patria y se sirven del cargo para cometer fechorías. La corrupción pública, quiebra todas las normas legales, éticas, sociológicas y proporciona beneficios a sus cohechadores en forma oculta, con ganancia directa o indirecta. Los escándalos de corrupción en Ecuador han inundado en la actualidad medios de comunicación, y han roto los vínculos entre la ciudadanía y la administración pública, igual que entre los negocios y los consumidores. Si continuamos de esta manera, nuestro país está condenado a sufrir una hecatombe social en la que impere el cohecho en todos los órdenes. Hace unos meses, el COVID-19 cambió radicalmente nuestras vidas y, cómo si no fuera suficiente, la corrupción nos estaba esperando en las sombras más oscuras de la noche, para arremeter por todos los lados y contra los más débiles, como consecuencia las personas más vulnerables y desfavorecidas, son las primeras en soportar estoicamente este flagelo. (O)
