La negociación sobre una quita de 1.500 millones de dólares de la deuda externa ecuatoriana «avanza conforme el cronograma establecido», aseguró el Ministerio de Finanzas, a una semana de que concluya la fecha límite y sin que haya convencido aún al porcentaje necesario de sus acreedores de sumarse a la iniciativa.
En un comunicado difundido este viernes, la Cartera económica precisó que el pasado 20 de julio se presentó de manera formal la propuesta ecuatoriana, que ya contaba entonces con el respaldo del 53 % de los tenedores de bonos, cuando al iniciarse la negociación con los acreedores el apoyo de los grupos era del 45 %.
Esta situación «muestra un avance en el apoyo a la propuesta», agregó el Ministerio en reacción a informaciones sobre que han surgido obstáculos que podrían llegar a bloquear un proceso que debe concluir antes del 31 de julio.
Se refería a la contraoferta de un grupo de inversores asesorado por BroadSpan Capital y UBS, que el Ministerio asegura haber sido «revisada en detalle» pero que, de momento, no cuenta con el beneplácito de Quito debido al «enorme sacrificio adicional por parte del pueblo ecuatoriano».
Estos pedían una tasa de interés del 9,5 %, significativamente más alta que la máxima del cupón de los bonos de la solicitud ecuatoriana para hacer frente a la crisis, del 6,9 %.
Además, y pese a considerar atractivo el «dinero nuevo» ofrecido en la contraoferta, de entre 500 y 600 millones, este debía ser desembolsado a cambio de aumentar los pagos del servicio de deuda en 1.500 millones durante el período 2022-2025, cifra superior a la contenida en la propuesta ecuatoriana acordada por el grupo mayoritario de sus tenedores de bonos.
El Ministerio no especifica qué porcentaje de apoyo se requiere para que la oferta ecuatoriana sea aceptada pero insiste en señalar que «la negociación avanza conforme al cronograma establecido».
¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO?
El proceso de reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos comenzó en marzo pasado, a raíz de la severa deuda que arrastra el país y el comienzo de la pandemia del coronavirus, que vació aún más las arcas públicas.
La renegociación hasta este agosto, para la que obtuvo el apoyo de los bonistas, permitió a Ecuador evadir el incumplimiento técnico.
Desde entonces, el país se ha involucrado en negociaciones que han resultado en los términos de una oferta por parte de la República ecuatoriana, que cuentan con el apoyo del Grupo Ad Hoc compuesto por los mayores tenedores de bonos del país.
Ecuador informó que el tamaño de ese grupo ha aumentado, pasando de representar aproximadamente el, pero es aún insuficiente para sacar adelante la oferta.
También fue bien recibida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros acreedores oficiales.
El pasado 6 de julio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un acuerdo con los tenedores que permitirá reducir la deuda del país en 1.500 millones de dólares en momentos en que la economía nacional se ve afectada por la emergencia de la COVID-19.
Entonces aseguró que se había logrado «un acuerdo con el grupo más importante de tenedores de bonos», si bien la negociación no está ni mucho menos cerrada.
La renegociación de deuda externa -en lugar de una suspensión unilateral de pago, como exigían algunos sectores de izquierdas y sindicatos-, ha estado destinada a poder seguir recibiendo ayuda de los organismos multilaterales, según ha justificado el Gobierno ecuatoriano.
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, reveló que la deuda total del país asciende a 58.418 millones de dólares y que la negociada por el Gobierno comprende 17.375 millones de dólares.
Conforme a la propuesta acordada, el capital existente de la deuda se reducirá a 15.835 millones de dólares, lo que supone un recorte de 1.540 millones de dólares.
