EDITORIAL|
Los efectos económicos del COVID-19, como se esperaba, son muy fuertes; se comenta que en Europa se vive la crisis más fuerte luego de la posguerra. En países como el nuestro cuya crisis económica, resultado en gran medida del demagógico despilfarro del gobierno anterior y el sobreendeudamiento, los efectos son más agudos. El impacto en la dinámica de la producción es alarmante con serios problemas para la industria y el comercio que ha dado lugar a despidos fuertes de empleados, que incide en la disminución de la capacidad de consumo e incrementa el desempleo, ya fuerte antes de la pandemia. La situación sigue incierta por la novedad del virus y no es fácil anticipar soluciones en el cercano y mediano plazo.
Es evidente que los ingresos del gobierno han disminuido notablemente, lo que incide en la realización de obras y pagos de servicios básicos comenzando con la demora en el pago de salarios del sector público. No se tomaron en el actual gobierno suficientes medidas para reducir el absurdo tamaño del Estado. La administración pública está a cargo del gobierno central y de los seccionales; debido al excesivo centralismo que constantemente hemos criticado los ingresos de los organismos seccionales en muy elevado porcentaje depende de asignaciones del central que ha tenido que retardar estos aportes debilitando los servicios de las instituciones provinciales y locales.
Consideramos que la descentralización del Estado debe ser adecuadamente compartida por el gobierno central y los seccionales y que los ingresos de estos últimos deben incrementarse al asumir una serie de servicios con el financiamiento pertinente. En casos como los que vivimos sería menos fuerte los justos reclamos al centralismo y, de haber mayor equidad administrativa, la responsabilidad sería también compartida. No somos alentadores del pesimismo, pero consideramos que cuando disminuya o termine la pandemia, se deben tomar importantes medidas en la estructura política del país.
