Dieciocho años después del suicidio de su hija embarazada tras ser repetidamente violada por el vicerrector de su colegio, la condena sin precedentes de la CorteIDH contra Ecuador sobre el caso supone para Petita Albarracín el cierre de un capítulo que ensombreció durante años a la sociedad ecuatoriana.
«Yo con esto cierro esta gran lucha que he seguido por mi hija. Gracias a Dios se hizo justicia», explica en una entrevista con Efe la progenitora, que asegura sentirse «muy contenta y agradecida» por haber seguido adelante pese a las dificultades.
El pasado viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado ecuatoriano por la violación de la que fue víctima Paola del Rosario Guzmán Albarracín en un centro educativo estatal de Guayaquil, situación que la llevó a suicidarse en 2002 a los 16 años de edad.
El fallo, sin precedentes en la CorteIDH, determinó que la agresión ejercida contra la menor afectó su derecho a una vida libre de violencia, le provocó graves sufrimientos y «tuvo relación con su decisión de quitarse la vida».
ESCALOFRIANTE CASO
Paola fue acosada y abusada sexualmente desde que tenía 14 años por el vicerrector del colegio, Bolívar Espín Zurita, un hombre de 64 años que prometió ayudarle con sus estudios y mejorar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales.
Tras cumplir los 16 y ser víctima de repetida violencia sexual por parte del vicerrector, la adolescente quedó embarazada.
El agresor intentó entonces que Paola se practicara un aborto con asistencia del médico del plantel, quien ofreció a la menor realizarle el procedimiento a cambio de relaciones sexuales.
Esas agresiones le provocaron una depresión que terminó en un suicidio mediante la ingesta de fósforo blanco poco antes de arribar al colegio el 12 de diciembre de 2002.
La adolescente llegó en situación crítica a la enfermería del centro, que no le ofreció la atención médica requerida y donde falleció.
El proceso penal que buscó esclarecer los hechos se suspendió tras la fuga del vicerrector y el 18 de septiembre de 2008, la Justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal.
DURO PROCESO JUDICIAL
Albarracín cuenta que vivió momentos muy complicados después de la muerte de Paola porque la familia no tenía recursos para pagar la defensa legal hasta las últimas consecuencias.
Comerciante y con una madre enferma de cáncer y otra hija a su cargo, rememora lo «difícil» que fue todo el proceso.
«No le deseo a ninguna madre que pase por esto, ni a ninguna niña lo que vivió Paola. A ella le mancharon su nombre», afirma.
Deambuló de juzgado en juzgado durante un par de años sin ningún apoyo más que el de sus hermanos, hasta que en 2005 estuvo a punto de tirar la toalla.
«Me enfermaba cuando me sonaba el teléfono porque yo no tenía ese dinero que me pedía el abogado. Yo ya iba a dejar esto botado, sinceramente», aclara la madre, que lamenta no haber contado con ningún tipo de apoyo del Estado: «No hicieron nada, nunca llegaron a mí a preguntarme, nada».
Sin embargo, el caso de su hija ya se había hecho mediático y llamó la atención de una abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) que contactó a Albarracín y tras analizar el proceso decidió llevarlo ante la Justicia internacional junto al Centro de Derechos Reproductivos.
«El caso de Paola cumplía con los requisitos para llegar al sistema interamericano», explicó la directora ejecutiva de Cepam, Lita Martínez, entre ellos, que se hayan agotado todos los recursos en el ámbito nacional y existan «serias evidencias» de que no va a haber justicia sobre el caso.
La letrada manifestó que entre 2009 y 2014 intentaron un proceso de mediación con el Estado para evitar llevar el caso a la Corte Interamericana, pero que fueron «muchos años perdidos» y ante la imposibilidad de alcanzar una solución amistosa, lo elevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
CASO EMBLEMATICO DE LA CIDH
No fue hasta noviembre pasado cuando la CIDH envió el informe sobre el caso de Paola a la CorteIDH, indicando que «encuentra todos los indicios para declarar la responsabilidad del Estado».
Y dos meses después, el tribunal interamericano con sede en San José citó a las partes a presentar sus alegatos finales, audiencia en la que Ecuador se disculpó con Petita, sin asumir responsabilidad por el hecho.
«Sinceramente yo no sentí esas disculpas porque, además, después de mi testimonio ellos hablaron mal de mi hija. Ahí pensé que eran unos cobardes», censuró Albarracín.
En su último dictámen, la CorteIDH acusó a Ecuador de ser «responsable por la violencia sexual ejercida en contra de Paola», que «fue tolerada por las autoridades estatales», y obligó al Estado a adoptar, entre otras, medidas de protección y sancionar a los agresores dentro de los colegios.
El presidente Lenín Moreno manifestó que «Ecuador ejecutará la sentencia» y expresó su compromiso de combatir la violencia sexual en el sistema educativo.
La progenitora de Paola confía en que su caso, el primero de abuso sexual a una adolescente en el ámbito educativo que admite y sentencia la CorteIDH, sirva de ejemplo.
«Esto les dice a las víctimas que pueden denunciar porque tarde o temprano habrá justicia», asegura con el único deseo de poder decirle a su hija Paola que ya puede descansar en paz. EFE
