EDITORIAL|
Uno de los síntomas de la quiebra del sistema público de salud ecuatoriano es el déficit gigantesco de pruebas realizadas a la población para detectar contagios del COVID -19. Mientras en otros países son cientos de miles y en otros millones de pruebas las realizadas, en el Ecuador según el Ministerio de Salud son solamente algo más de trescientas mil. Con ese número de pruebas es imposible combatir la pandemia y establecer estrategias claras para saber en qué lugares debe centrarse mayormente la atención. Si eso está ocurriendo con las pruebas, no hay razones para tener optimismo sobre la aplicación de la esperada vacuna, cuando ésta salga a finales de este año e inicios del próximo.
La carrera por encontrar una vacuna que inmunice contra el COVID -19 es una página importante en la historia de la ciencia y de acuerdo a lo que hoy conocemos marcará un hito para el futuro. Mientras en otras pandemias tomó años y millones de vidas humanas dar con una solución, hoy aparentemente estará disponible antes del año de haberse detectado el mal. El futuro inmediato dirá cuál de los ensayos que están en marcha es el más afectivo y conveniente, pero por hoy existe ya la certeza de que estamos a pocas semanas de que salga a aplicarse.
Para el Ecuador, al igual que para otros países, es fundamental contar lo antes posible con acceso a la vacuna. Los datos disponibles indican que la primera vacuna estará disponible para inicios de noviembre de este año. Y, señalan que tendrá un costo totalmente razonable, de alrededor de tres o cuatro dólares. El gobierno ecuatoriano deberá iniciar, si no lo ha hecho, los trámites y contactos para contar urgentemente con el número de vacunas que cubra toda la población. Nadie puede ni debe quedar excluido por razones económicas ni de otra índole. No puede repetirse lo que ocurre hoy de que solamente una mínima parte de la población tiene acceso por razones económicas a las pruebas.
