El expresidente ecuatoriano Rafael Correa descarta solicitar la nacionalidad belga, a la que podría aspirar al ser su esposa de ese país, para eludir una eventual extradición tras la condena a prisión en Ecuador por cohecho en un caso de corrupción.
Interpelado por Efe sobre si tenía la nacionalidad o intenciones de pedirla, el exmandatario aclaró que no la tiene y que nunca se lo planteó.
«En 27 años de casado nunca la he pedido», manifestó antes de apostillar que, «dice el adagio popular que el que nada debe, nada teme».
El pasado lunes se conoció la última palabra de la Justicia ordinaria ecuatoriana que ratificaba la sentencia de ocho años de prisión, y otros tantos de inhabilitación política, para el expresidente, que figuraba entre una veintena de condenados en distinto grado por el mismo delito.
Radicado en Bélgica desde 2017, poco después de dejar el poder tras gobernar una década en Ecuador, Correa indicó que «lastimosamente, en la situación actual de Ecuador y Latinoamérica, el que nada debe puede temer mucho, y el que debe mucho puede temer nada si está en el poder y (tiene) la complicidad de la prensa».
El procurador general del Estado ecuatoriano, Iñigo Salvador, expresó el jueves a Efe que era «probable» que Correa tuviera la nacionalidad belga, caso en el que si la legislación de ese país fuera como la ecuatoriana, se complicaría la extradición puesto que ese proceso no es aplicable para nacionales de otro país.
El expresidente por su parte matizó que las condiciones para que pudiera optar eventualmente a la nacionalidad de su esposa cambiaron y que en la actualidad se requieren cinco años habitando en el país.
«Antes no era así, yo la pude obtener desde hace mucho tiempo, no me interesó», zanjó Correa, y, como nota anecdótica, consideró que era una circunstancia «injusta» puesto que su esposa sí tiene la nacionalidad ecuatoriana.
Al respecto, valoró, «esto la expone, como ecuatoriana, (a que) la puedan maltratar en un momento dado en el país».
Correa fue sentenciado como autor mediato por instigación del delito de cohecho en la trama del caso «Sobornos», que versa sobre una red de corrupción mediante la cual se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial entre 2012 y 2016, para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
El exmandatario niega cualquier implicación en el caso y atribuye el procesamiento, y la condena, a una persecución política para impedirle participar en los comicios de 2021, a los que iba a concurrir como candidato a la vicepresidencia, junto a Andrés Arauz.
Correa fue requerido en 2018 por la Justicia ecuatoriana en otro caso, el del secuestro del opositor Fernando Balda.
Pero en aquella ocasión Interpol rechazó la solicitud de arresto con fines de extradición al considerar que «la retención de los datos no era compatible con su obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos». EFE
