Más de 50 parlamentarios de la coalición gubernamental de derecha y centro-derecha pidieron al Tribunal Constitucional bloquear la discusión de la norma, que busca penalizar con hasta tres años de cárcel a quien «justifique», «apruebe» o «niegue» las violaciones a los derechos humanos del régimen cívico-militar.
«Existe un sector de la política que está empeñado desgraciadamente en ir coartando nuestras libertades. En toda democracia fuerte y con cimientos importantes, es fundamental la libertad de expresión», indicó a medios la diputada Camila Flores, de la oficialista Renovación Nacional (RN).
El proyecto, que está pendiente de ser discutido en el Senado, se aprobó en el Congreso de los Diputados en septiembre, pero fue presentado en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), en el marco de la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado que en 1973 protagonizó Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende.
Tras el alzamiento, se instauró una dictadura en la que 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuáles 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas, según cifras oficiales.
En un comunicado que despertó muchas críticas en Chile, la organización Human Rights Watch (HRW) también pidió en septiembre al Parlamento rechazar la iniciativa por «contravenir estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia».
«Probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país», declaró entonces el director para las Américas de HRW, el chileno José Miguel Vivanco.
COMO ALEMANIA O AUSTRIA
Para Carmen Hertz, diputada comunista e impulsora de la iniciativa, con esta norma se pretende que Chile siga la estela de países como Alemania o Austria, donde la negación del genocidio nazi y la apología a sus crímenes está regulada con sanciones que van desde las multas hasta las penas privativas de libertad.
«El negacionismo implica una agresión a la memoria colectiva de un país. Los tratados internacionales sobre derechos humanos ponen límite a la libertad de expresión cuando atentan contra la libertad de otros», agregó a Efe Hertz.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, apuntó por su parte a Efe que «no se puede desconocer el horror» y que Chile necesita «desde hace tiempo frenar el negacionismo».
«Hay incluso casos de ministros que, estando en ejercicio, negaron violaciones a los derechos humanos», añadió.
La pugna se da en un contexto de abrupta división entre sectores políticos y a menos de una semana del histórico plebiscito del 25 de octubre, con una izquierda que aboga por reemplazar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura, y una derecha que dio libertad de acción, pero en la que hay importantes sectores que defienden conservar el texto vigente.
El plebiscito, la votación más importante en tres décadas de democracia, surgió hace meses de un pacto político entre ambas fuerzas para suavizar la grave crisis social que vive el país, la más grave desde la dictadura, con protestas que dejaron al menos una treintena de fallecidos, miles de heridos y señalamientos por violaciones a los derechos humanos. EFE
