Para Sandra Guaytara, la desvinculación de su trabajo durante la pandemia le obligó a realizar algo que nunca antes había hecho: atrasarse en sus pagos de un crédito que obtuvo para adquirir un automóvil.
La Ley Humanitaria le dio un alivio. Durante estos meses no canceló nada y no ha tenido inconvenientes. Pero el plazo se le agota, pues recibió del banco con el que mantiene el préstamo un mensaje que le obliga a cumplir con sus obligaciones hasta el próximo 12 de noviembre. A partir de esa fecha los recargos e intereses comenzarán a aplicarse.
Pero una de las cosas que más le preocupa a Sandra Guaytara es que su calificación en el Registro de Datos Crediticios, antes llamado Central de Riesgos, pasará a ser negativa. Esto le complicará la obtención de futuros préstamos, que le son necesarios para seguir solventando sus gastos, pues todavía no encuentra trabajo.
La calificación crediticia refleja el comportamiento del deudor, sus hábitos de pago y el cumplimiento de sus obligaciones. Dependiendo de esto se genera un puntaje que representa el riesgo de crédito, que sirve como referencia para todos los acreedores. Si el historial creditico de un cliente es malo, va a tener dificultad para acceder a los créditos dentro y fuera del sistema financiero.
Vence plazo
Según la Ley de Apoyo Humanitaria, el mecanismo de diferimiento extraordinario estará vigente 60 días después de la terminación del estado excepción, que concluyó el 13 de septiembre, es decir que los clientes podrán acogerse hasta el 12 de noviembre de 2020.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) informó que hasta el momento las instituciones bancarias del país han cumplido con lo establecido en la normativa, por lo que a los clientes que se adhirieron al diferimiento extraordinario en los plazos dispuestos no se les ha cobrado interés por mora, ni se les ha afectado su calificación crediticia.
Sin embargo, se advierte que quienes no pidieron el diferimiento, no han realizado el pago de sus deudas o han cumplido con sus obligaciones después de llegar a un acuerdo, entrarán en mora y la modificación de su calificación en el Buró de Crédito se verá reflejada a partir del 12 de noviembre.
Según las últimas cifras de la Superintendencia de Bancos, a septiembre de 2020 la tasa de morosidad de toda la banca privada se ubicó en 4,07 %, lo que representó un incremento de 1,1 % en relación con el mes anterior y 1,1 % más comparado el mes de septiembre 2019.
En cuanto a los tipos de créditos, la morosidad por segmento es de 1,25 % para el sector comercial, 6,74 % en consumo, 5,26 % en vivienda (hipotecarios) y 5,97 % en microcrédito.
Sin embargo, en la Asobanca informaron que la cobertura de la cartera vencida es amplia, debido a las provisiones con las que contaban los bancos antes de la pandemia.
“Actualmente la cobertura bancaria es de 184 %, lo que implica que las provisiones en relación con la cartera improductiva son de 1,8 veces más altas”, se informó. (ASM)-(I).
Opción de solución
Para quienes no pueden cumplir con sus deudas y está preocupados por ser incluidos en el Registro de Datos Crediticios, en la Asobanca se puntualizó que en las instituciones bancarias existe un ejercicio continuo de renegociación de créditos, cuyo objetivo principal es asegurar la recuperación del dinero prestado y así resguardar los recursos de sus depositantes.
“Los clientes que tengan dificultad en cumplir con sus obligaciones crediticias pueden acudir a su banco para analizar su caso y buscar opciones para refinanciamiento, reestructuración o novación de su operación de crédito en función de su capacidad actual de pago. El banco siempre está abierto a encontrar opciones para que el cliente pueda pagar sus obligaciones, mucho más en la coyuntura actual”, informó Julio José Prado, presidente de la Asobanca. (I)
