La administración de justicia en el ámbito penal, con gran frecuencia ha sido y es objeto de críticas por parte del gran público, en unos casos porque se considera que un excesivo número de personas a las que se acusa de haber cometido delitos no han recibido sentencia y permanecen impunes, en otros porque la largura en los procedimientos es excesiva lo que genera incertidumbre innecesaria. Sin negar que ha habido ocasiones en las que estas críticas han tenido razón, hay que considerar que, el principio de que en caso de duda se acepta la más ventajosa para el reo y que son extremadamente graves sentencias en las que se condena a inocentes, por lo que hay que tomarse todo el tiempo necesario para evitar estos errores.
La aceptación del acusado de ser autor del delito simplifica los procedimientos. “A confesión de parte, relevo de prueba” es un axioma jurídico aceptado en todas partes; si siempre ocurriera, la administración de justicia se simplificaría notablemente, pero no es así lo que lleva a jueces y tribunales a probar según normas establecidas para emitir sentencia. Reos que con o sin razón buscan evitar condenas se valen d una serie de recursos con el patrocinio de abogados que actúan de buena o mala fe. El papel de jueces y tribunales es evaluar el valor de las pruebas y tomar decisiones con plena honestidad, superando presiones y críticas.
El procedimiento abreviado considera que es importante incentivar a que el acusado confiese su culpa y colabore en sus declaraciones a aclarar la realidad. En el procedimiento abreviado el incentivo consiste en disminuir el tiempo de condena. Algunos “puristas” lo consideran inadecuado, pero en la práctica, en muchos países ha funcionado, lo que ha contribuido a disminuir la impunidad y esclarecer hechos dudosos que habrían llevado mucho tiempo. Que el acusado confiese su culpabilidad sin serlo, es extremadamente dudoso. En nuestro país, en casos de corrupción, los resultados han sido positivos para abreviar sentencias condenatorias.
