La Audiencia Nacional de España investiga si dicha empresa, que estuvo a cargo de la seguridad de la embajada entre 2015 y 2018, espió a Assange grabando sus reuniones con varias personas, entre ellas asesores y letrados, y si transfirió presuntamente la información a terceros.
El australiano Assange, reclamado por EEUU, estuvo refugiado en la legación ecuatoriana entre 2012 y 2019, cuando la Policía británica lo sacó por la fuerza, después de que el Gobierno del presidente Lenín Moreno le retirara la protección diplomática.
El juez español José de la Mata tomó declaración este miércoles como imputado al jefe de operaciones de UC Global, el belga Michelle Wallemak, número dos de esta empresa. El dueño, David Morales, también está investigado en el mismo caso.
Al igual que Morales hizo en su momento, Wallemak rechazó toda práctica de espionaje o la instalación de micrófonos en lugares ocultos para grabar a Assange, aseguró que no existía ninguna orden de registrar el audio de las reuniones del activista con sus abogados y que nunca accedió a ninguna imagen ni sonido de dichas visitas, informaron a Efe fuente jurídicas este jueves.
INFORMES DE SEGURIDAD
Según su versión, las visitas se realizaban en una sala con cámara de seguridad, a cuyas grabaciones podían acceder tanto los empleados de UC Global como el personal de la embajada o el propio Assange, si bien Wallemak insistió en que no se registraba el sonido.
Explicó que la empresa realizaba informes de seguridad sobre posibles incidencias y determinados visitantes o aspectos que pudiesen ser de interés para el país por orden de la embajada de Ecuador y de los servicios de inteligencia.
A lo largo de la causa, varios cancilleres ecuatorianos negaron que hubieran ordenado espiar al activista, según las fuentes consultadas. Sin embargo, varios testigos citados en el procedimiento judicial como el excónsul ecuatoriano en Londres Fidel Narváez declararon en julio pasado que sí hubo espionaje.
Wallemak también negó seguimientos al exjuez español Baltasar Garzón (coordinador del equipo legal de Assange), al expresidente de Ecuador Rafael Correa, que figura como querellante en la causa, o a sus hijas. Según su versión, éstas tenían un dispositivo de control parental al que tenía acceso el servicio de protección presidencial y el informático de la empresa.
