En junio de este año una niña de 11 años fue violada en Mayancela, la Policía presume que era explotada sexualmente por sus familiares. Ese mismo mes 2 niñas de 8 y 12 años fueron violadas en su casa en El Valle por un amigo de su padre, y otras 2 menores de edad, de 14 y 12 años fueron violadas por su progenitor.
Como estos casos, entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, el Servicio de Protección Integral registró 224 delitos de violencia sexual contra menores de edad en Cuenca.
Otra cifra, la del Consejo de Seguridad, indica que entre agosto del 2019 y julio del 2020 se registran 400 casos de violencia sexual hacia niños y adolescentes.
El Ministerio de Educación, por su parte, registra 597 denuncias de violencia en el año escolar 2019-2020, de las que el 41,37 % corresponden a violencia sexual y la situación “no ha sido controlada”.
Así lo explica Fabián León, secretario del Consejo de Protección de Derechos en Cuenca, entidad que ayer dio a conocer su informe anual, con cifras “que aterran”.
Añade que estos casos se agudizaron con la pandemia debido al confinamiento y la convivencia de las víctimas con sus abusadores.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) registró la atención a 13 casos de violencia sexual entre marzo y octubre 2020, pero esa cifra es lejana a la realidad.
El sistema de salud reporta la atención a 5.860 adolescentes embarazadas, muchas de ellas víctimas de violación, y en 8 de los casos contagiadas con VIH.
La legisladora azuaya Lourdes Cuesta, quien es parte de la Comisión Aampetra conformada para investigar los casos de abusos sexuales contra niños y adolescentes en el Ecuador, comenta que estas cifras “causan dolor y desconsuelo”.
Afirma que las instancias correspondientes no han podido ofrecer una protección integral a las víctimas.
Esto pasa en las juntas locales, donde hay un déficit en la atención de casos de violencia. Del total de casos conocidos, solo el 17 % han sido remitidos a la Fiscalía y el 9 % a la Unidad Judicial de Niñez y Adolescencia, señala el informe.
“Esta es una de las debilidades en las juntas de protección de derechos, ya que, al no contar con un sistema informático que permita registrar información respecto de los casos, impide contar con datos referentes a causas de ingreso, medidas de protección, seguimiento y articulación entre los órganos del Sistema de Protección a nivel local” indica el informe.
Otro de los riesgos que enfrentan los niños en Cuenca es la mendicidad y trabajo infantil. “Empíricamente se ha podido detectar casos de niños en condición de calle, lo que nos preocupa” comentó León.
Los casos de trabajo infantil detectados y remitidos a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos pasaron de 10 en el 2019 a 14 en el 2020, y los adolescentes en situación de calle pasaron de 8 a 12 chicos, 3 de ellos sin acceso a la educación. (JMM) (I)
