El retraso en la entrega de los recursos económicos y la publicación de los acuerdos ministeriales 072 y 049, con los que se efectivizó un recorte presupuestario de hasta el 28%, provocó que los alcaldes y prefectos se declaren en Asamblea permanente en Quito, analizan acciones de protesta, entre las que se incluyen nuevas marchas.
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) resolvió el miércoles 2 de diciembre otorgarle un plazo al Gobierno, el cual vence este viernes a las 15h00, para que les entregue un documento oficial que avale la derogatoria de los acuerdos ministeriales y un plan de pagos de la deuda que actualmente asciende a USD 1.212 millones.
Si no se cumple con estos dos pedidos, los alcaldes y servidores municipales de los 221 cantones del país realizarán, nuevamente, una marcha el próximo martes 8 de diciembre, que al igual que la efectuada anteayer, tendrá como objetivo llegar a Carondelet para ser recibidos por el presidente Lenín Moreno.
Según informó Luci Sosa, alcaldesa de Esmeraldas y miembro del Comité Ejecutivo de AME, el Gobierno se comprometió en la entrega de USD 350 millones hasta finales de diciembre, que comenzarán a desembolsarse desde mañana, sin embargo, exigen que el compromiso se oficialice a través de la firma de un convenio, no solo de forma verbal
“Nos hemos movilizado porque estamos preocupados frente a la crisis, por la debacle económica en la que nos encontramos la mayoría de los municipios del país, estamos quebrados porque no tenemos las transferencias puntuales establecidas en la Constitución y la ley”, dijo Sosa.
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), que también se reunió ayer en Quito, igualmente advirtió con movilizaciones y otorgó un plazo, aunque sin dar fechas precisas, para el establecimiento de un cronograma de pagos y la derogatoria de los acuerdos ministeriales, además exigen reformas legales que mejoren la forma de distribución de los recursos y establezcan la devolución inmediata del Impuesto al Valor Agregado (IVA), esperan proponerlas antes del 16 de diciembre, cuando los asambleístas se van de vacaciones.
Cecilia Méndez, prefecta del Azuay, afirmó que el recorte para la provincia es del 33%, es decir USD 28 millones 733 mil, una cantidad que ha dificultado la realización de obras en el sector rural.
Además, Méndez pidió la reformulación de los rubros destinados por concepto del Modelo de Equidad Territorial, por ejemplo, señaló que la provincia tiene registrados 4.000 kilómetros de carretera que deben atender, cuando en la realidad sobrepasan los 6.000 kilómetros. (I)
